Un cepo a los juicios laborales será una pieza fundamental de la reforma legislativa en esa materia que anunciará hoy Mauricio Macri y que tendrá destino de sesiones extraordinarias en el Congreso. Como parte de una amplia ley de blanqueo laboral, que adelantó este diario en sucesivas notas, el Gobierno sumará dos ítems hasta ahora desconocidos: una redefinición del concepto de "salario", destinada a poner un límite a las demandas indemnizatorias que suelen incluir rubros no dinerarios como vehículos, teléfonos o prepagas, y un corte a las acciones legales denominadas "por solidaridad" que van no sólo contra el empleador primario sino contra la empresa que desarrolla la actividad principal. 

Los funcionarios del Ministerio de Trabajo a cargo de pulir confirmaron que la iniciativa -que el Ejecutivo enviará al parlamento para su eventual tratamiento en diciembre- para impulsar la formalización del mercado de trabajo impactará en un puñado de leyes laborales estratégicas: la de Empleo; la de Contrato de Trabajo; las de indemnizaciones, y la de higiene y seguridad, por lo menos. El propósito, explicaron los técnicos, será lograr la formalización de 300 mil trabajadores en una primera etapa con una serie de facilidades y beneficios a los empresarios que irán desde un indulto absoluto de multas por personal no registrado, hasta descuento en aportes patronales y la inmunidad frente a juicios penales. 

El blanqueo será así una suerte de caballo de Troya orientado a abaratar la contratación y manutención de mano de obra, así como el despido. En paralelo el proyecto derivará en una reducción de los montos efectivamente percibidos por los trabajadores vía indemnizaciones judiciales de modo tal de desalentar la litigiosidad laboral. Desde el Gobierno visualizan a los abogados laboralistas como víctimas primarias y buscadas- de los cambios, como también a los jueces del fuero que hasta ahora demostraron ser distantes de la influencia del Poder Ejecutivo. 

Uno de los cambios con apariencia cosmética pero con consecuencias eventualmente impactantes será la redefinición del concepto de "salario" en las leyes laborales. Hasta ahora la normativa establece que el salario es toda aquella remuneración en contraprestación por un trabajo. E incluye en ese rubro las prestaciones en dinero, especie, habitación, alimentos o por vía de la obtención de ganancias, con algunas excepciones. A partir de esta definición amplia los funcionarios sostienen que las indemnizaciones de los juicios laborales se hacen imposibles de cuantificar por la inclusión de ítems como el vehículo y sus gastos asociados o la línea de celular provistos por la empresa, o bien la afiliación a una compañía de medicina privada entre otros. 

Esta modificación irá de la mano de la prevista en las indemnizaciones agravadas contempladas en las leyes 24.013 y 25.323, y que como adelantó este diario dejarán de ser dirigidas a los trabajadores para pasar a manos de la ANSES. Es decir que si un empleado demanda a su jefe por irregularidades durante el período de contratación retención indebida de aportes, inscripción tardía o informalidades parciales- la iniciativa prevé que sólo podrá aspirar a obtener una indemnización habitual por antigüedad y no los extras que suelen hasta duplicar los pagos legales. 

El otro cambio novedoso será delimitar la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Un mecanismo usual frente a eventuales insolvencias patronales o incluso en la búsqueda de un pago mayor es el inicio por parte del despedido de juicios contra su empleador directo y en paralelo con el que despliega una actividad principal. Por caso, si un camionero trabaja en una empresa de logística que a su vez presta servicios para una gran compañía petrolera existe la posibilidad de realizar una demanda "por solidaridad" contra la dadora de carga. Esa opción será acotada en el proyecto de ley. También se sumará al combo la garantía de extinción de la acción penal contra el empleador que resolviese su incorporación al blanqueo.

De igual modo se confirmó que habrá una rebaja generalizada de aportes patronales para los primeros 10 mil pesos de sueldo de cada trabajador del sector privado. Esa diferencia la aportará el Tesoro nacional como herramienta para apuntalar la contratación de personal nuevo. En rigor ese beneficio estaba contemplado para micro, pequeñas y medianas empresas según la última reforma de 2014 pero la proyectada por el Gobierno incluirá en esa ventaja a las grandes compañías.