Desde hace unos días el Gobierno Nacional salió a instalar el debate sobre las reformas que se llevarán a cabo en el ámbito laboral, tributario y previsional. Tras las elecciones concretó reuniones con distintos sectores y expuso en borradores ideas centrales que buscan llevarse adelante.

Sin embargo, ya varias de estas reformas se estaban dando de hecho en la economía, ya que si bien se mandará un paquete de medidas para que trate el Congreso, son varias las iniciativas que avanzaron en paralelo. Ejemplo de ello ha sido el cambio de reglas en Vialidad Nacional, donde por decreto se creó la Sociedad Anónima Corredores Viales.

Mediante esta participación privada se ha advertido la posibilidad de un cambio de régimen laboral, la que puedan darse despidos y también la falta de control por parte del Estado en la contratación de obras de gran magnitud. Chubut hoy tiene trabajando en Vialidad Nacional a cerca de 230 empleados que están en situación de alerta y movilización.

Otro ejemplo de reforma laboral de hecho quizás haya sido la reforma petrolera celebrada meses atrás a través de una adenda. Allí el objetivo puesto por las operadoras fue el de máxima “productividad” y “eficiencia” como definición del trabajo en los yacimientos para nuevas inversiones.

En su momento los gremios del sector hablaron de que “no quedaba otra”.  Se fijan condiciones para futuras inversiones donde se detalla, por ejemplo, la cantidad de empleados máxima que debe haber por actividad, dentro del artículo de “Dotaciones Necesarias”.

También existe otro apartado denominado Velocidades de Tarea/Ritmo de Trabajo. Y allí se define que: “Es un objetivo prioritario tender a realizar las tareas acorde con las mejores velocidades históricas registradas  en equipos de estas características similares”. La idea es que ello se puede replicar también dentro de otros sectores de la economía.

La reforma estatal tanto a nivel nacional pero  sobre todo en las provincias, hace foco en la cantidad de empleados públicos y el gasto que ello genera para el Estado. Un informe elaborado por el Económico basado en la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal en el Congreso advirtió que desde 2018 se limitará el crecimiento de la planta de empleados públicos en las provincias a un 1 o 2 por ciento anual.

Y lo que más hace ruido, la propia ley establece que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de cargos ocupados (planta permanente, temporaria y contratados) adecuada a las características de cada jurisdicción. Es decir, determinará cuánta planta sobra.

Hoy uno de los puntos más cuestionados del borrador que circula de la Reforma Laboral es el menor alcance de las indemnizaciones, lo que queda excluido. La letra del anteproyecto refiere exceptúa de la base de cálculo de la indemnización al trabajador el aguinaldo, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.

En materia jubilatoria, el primer paso se dio con la aprobación de la Ley de Reparación Histórica en el Congreso. Uno de los articulados ya estipulaba la creación de una Comisión Especial para analizar cambios en el régimen previsional e incluso la tan discutida “armonización” de los sistemas de jubilaciones de las provincias.

También en lo previsional se buscó avanzar por decreto tiempo atrás. Ocurrió en febrero cuando con una publicación en Boletín Oficial se cambió la fórmula para calcular los haberes. Sin embargo, el rechazo que generó obligó a dar marcha atrás ya que implicaba menos plata en el bolsillo.

Hoy el debate es más extenso. En cuanto a la fórmula, trascendió que Nación busca que los incrementos de las jubilaciones se den en base a la inflación. Hoy la misma se mide en base a la recaudación y el avance del índice de los salarios, lo que permite en muchos casos la variación esté por encima del índice de precios, dándole una movilidad ascendente al poder adquisitivo del jubilado, que puede perder si la inflación es muy elevada.

La nueva fórmula propuesta, al calcular por inflación, lo que logra es que el jubilado no pierda relativamente frente a la variación de precios, pero mantiene estancado el haber, sin que se pueda mejorar el poder de compra o la situación general para los adultos mayores. Incluso con un mayor crecimiento del país, esto no sería percibido o compartido en el bolsillo del jubilado.

Luego la armonización es una amenaza siempre latente que podría cambiar las reglas de juego. En cuanto a una mayor edad jubilatoria en las provincias, menor movilidad o menores haberes. En ediciones anteriores del Económico, fue Mirta Tundis la que advirtió sobre el camino que se está transitando hacia un esquema que propone bajar el haber y que haya ahorro voluntario.

Quizás, la reforma tributaria es uno de los puntos que más interés despierta en los empresarios dada la fuerte presión impositiva. Aunque también genera ruido en algunos productores, a partir del la redistribución de los gravámenes.

Entre los puntos de interés, se fija un acuerdo con las provincias para reducir impuestos: ingresos brutos, sellos y eliminar aduanas interiores. Tanto la reforma tributaria nacional como la reforma tributaria provincial se implementarán en entre uno y cinco años (según cada modificación).

Se establece un mínimo no imponible (MNI) de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales (desde ese valor deben pagarse) y además  se unifican las alícuotas de contribuciones patronales para el sector privado (alícuota única de 19,5%) y se elimina el esquema de reducción de contribuciones por zona geográfica.

Lo que desató la polémica son los impuestos internos y su reconfiguración.  A través de gestiones se pudo lograr frenar el impuesto al vino.

En el caso del whisky y otras bebidas blancas se pasará de una tasa del 20% al 29%. En cervezas del 8% al 17% y para las gaseosas azucaradas del 8% al 17%.

Y un punto final que deberá ser mirado por Chubut y la Patagonia de una forma muy especial. En Ganancias la iniciativa que circula habla de la inaplicabilidad de “disposiciones que establecen tratamientos preferenciales para ciertos grupos de trabajadores”. El término, a priori amplio, podría implicar el fin del diferencial que hay en esta materia para la zona sur.

Hay dos disposiciones hoy por hoy. Una que marca un piso para tributar Ganancias de $ 45.000 para la Patagonia, contra los $ 37.000 en el país. Y las deducciones también tienen un porcentaje más elevado en esta región