El juez federal Sergio Torres lo procesó por los supuestos sobreprecios en la adjudicación de los servicios de limpieza del ente recaudador bajo su dirección y le trabó un embargo de $ 15 millones. Además resultaron procesadas otras diez personas.

Pese a haber declarado que todo cumplió con los “procesos administrativos correspondientes, el magistrado lo encontró responsable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, según la resolución de más de 80 páginas. 

"Ricardo Echegaray es el responsable de la adjudicación de la licitación. Inútiles resultan sus dichos relativos a que actuó en base a las recomendaciones que efectuaron las áreas intervinientes ya que estas dependencia aconsejan pero no tiene capacidad de resolver el proceso", señala la resolución del juez Torres.

En la causa, en la que también interviene el fiscal Federico Delgado, se estableció que la empresa Limpiolux ganó una licitación para asear el edificio por 15.196.000 pesos, una suma que duplica el monto ofertado por la firma Ricardo Bilbao -apartada del proceso licitatorio- y que fue contratada desde 1981 para hacerse cargo de la limpieza del edificio de la AFIP. Bilbao había presupuestado el trabajo en 7.456.242 pesos.

La causa se inició por una investigación de Clarín de 2011 que reveló las extrañas maniobras en la licitación para limpiar la AFIP. La empresa adjudicataria, según consignaron fuentes judiciales, "tiene contratos con otros organismos del Estado".

Cuando ocurrió el proceso licitatorio, la empresa Bilbao impugnó dos veces la decisión, considerando que se trató de una “cuestión arbitraria” otorgar la adjudicación a la empresa Limpiolux, “que supera el precio estimado por la AFIP y tiene una diferencia sideral con nuestro precio: exactamente 100%. Es entonces que la AFIP se perjudica gravemente en 7.739.758 pesos”, advirtió la firma.

Echegaray no dio lugar a estos reclamos. El organismo había presupuestado por el trabajo 14,8 millones, casi 400.000 pesos menos de lo que cotizó Limpiolux.

Según el juez Torres, fue el ex titular del organismo recaudador quien "indicó en su descargo que en una ocasión se apartó de las recomendaciones efectuadas por las oficinas que intervinieron previamente en la resolución", señalando que fue responsable como máxima autoridad de la AFIP "del proceso de adjudicación".

Al respecto, indicó que "la delegación de funciones a órganos inferiores para instrumentar cuartos aspecto de la licitación no lo eximen del deber de velar por el interés del Estado, que se relaciona con los vienes jurídicos protegidos".

Entre los procesados se encuentra Cecilia Peluso, dueña de la empresa Limpiolux SA ya que fue "la persona que se benefició a raíz de la comisión del delito y sin su participación ello no habría sido posible", señala el juez pero aclaró que si bien no fue actor en forma directa, y que el hecho de que no sea funcionaria pública "no implcia dejar impunes a quienes participaron". El embargo trabado fue de $ 15 millones.

Para el resto de los procesados, que en su mayoría cumplían roles administrativos pero se les atribuyó una "participación secundaria de la maniobra, ya que cada uno tomó intervención en el proceso licitatorio en el marco de sus respectivas funciones", remarcó Torres.

Asimismo, planteó que "no sólo no objetaron el proceso licitatorio en ninguna de sus intervenciones, sino que dentro de cada competencia respectiva, realizaron las diligencias necesarias para arribar a la decisión final". Para los nueve imputados, el embargo fue de un millón de pesos.