Se espera que la CGT acuerde una postura común en una reunión de "mesa chica" que se hará esta semana y en otra de Consejo Directivo que se hará la próxima, por lo cual no cumplirá el plazo de dar una respuesta al Gobierno sobre la iniciativa antes de este jueves como había solicitado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El proyecto incluye un blanqueo laboral para que las empresas formalicen a los trabajadores que tienen "en negro", con una amnistía para las contribuciones patronales no pagadas al menos durante los primeros seis meses.

El Ejecutivo promueve así la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores; y a los trabajadores "blanqueados" se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.

El proyecto flexibiliza además el criterio de ‘ius variandi‘ que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. El Gobierno buscará también habilitar la creación por convenios colectivos de "bancos de horas" que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de dar mayor eficiencia a los tiempos de actividad.
 
Para los trabajadores se extenderán las licencias por paternidad de los actuales 2 días a 15 días para los hombres; por matrimonio pasará a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día. Además, se incorporará la posibilidad de negociar jornada reducida para cuidado de menores de 5 años.
 
Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados. A su vez, la posibilidad de iniciar juicios, que actualmente prescribe a los dos años, caerá a un año.

Lo que genera ruido en los gremios que es habrá una significativa reducción del cálculo indemnizatorio al quitar los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares.

Los sindicatos y las empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para su propio despido. Un mecanismo similar ya rige en la construcción.