El detenido ex vicepresidente Amado Boudou llegó a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la jornada del juicio oral que se le sigue por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, para escuchar la presentación del testigo citado, el ex funcionario del Ministerio de Economía José Capdevilla. 

Su situación judicial podría complicarse luego de que el empresario Alejandro Vandenbroele pidiera el lunes en los tribunales de Comodoro Py acogerse al régimen del arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica. A raíz de este pedido, ingresó provisoriamente al programa de protección de testigos.

El extitular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro de Boudou, se presentó en los tribunales para conocer "el estado de todas las causas que se siguen en su contra", esto un tramo aún no elevado a juicio del caso Ciccone, otra por la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.

En este marco, pidió al fiscal Jorge Di Lello ingresar al programa de arrepentidos e imputados colaboradores, que brinda beneficios a los imputados a cambio de que otorguen información relevante a la Justicia, aunque aún no declaró, confirmaron a la agencia NA fuentes judiciales.

En tanto, Eduardo Durañona, abogado del exvicepresidente, se mostró "sorprendido" por el dictamen del fiscal Di Lello que pidió la excarcelación de su defendido y adelantó que evalúa reclamar la "morigeración" de la prisión preventiva.

"Me sorprende mucho el contenido del dictamen del fiscal Di Lello", afirmó Durañona, quien destacó que el fiscal sostuvo que Boudou "está mal detenido y que tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso con algún tipo de restricción".

En declaraciones a Radio 10, el abogado señaló que a partir del dictamen queda "demostrando que tenía un total desconocimiento del cambio de caratula" que hizo Ariel Lijo, el juez federal que dispuso la detención de Boudou en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.