El Gobierno y la CGT alcanzaron ayer un principio de acuerdo para el envío al Congreso del proyecto oficial de reforma laboral. El entendimiento se concretó al cabo de un encuentro que mantuvo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el triunvirato de líderes y la mesa chica de la central. Una vez pulida la última versión de la iniciativa, la administración de Mauricio Macri prevé ingresarla a su tratamiento parlamentario por el Senado para adelantarse a la asunción de Cristina de Kirchner y hacerla aprobar con el guiño favorable del sindicalismo tradicional a los bloques opositores. 

El guiño favorable llegó en un espacio inhabitual: el predio de la Sociedad Rural Argentina, adonde la cartera laboral desarrollaba un encuentro internacional por la erradicación del trabajo infantil. Hasta allí llegaron los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid junto a Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer, Carlos Frigerio y Jorge Sola. Se trata de una representación amplia de los grupos internos de CGT aunque hasta anoche subsistía la duda de si el pacto contaba con la aprobación de Hugo Moyano, que habitualmente reserva definiciones hasta último momento para desacoplarse de sus colegas y actuar de forma autónoma. 

El acuerdo, que terminará de definirse hoy, prevé un blanqueo laboral con amplios beneficios por un año (que incluyen perdón de multas e inmunidad penal); flexibiliza las condiciones de contratación de personal, los vínculos entre el empleador y el trabajador, y las tercerizaciones; amplía las facultades de los empresarios para variar las pautas de los contratos, y limita la posibilidad de iniciar juicios así como los montos indemnizatorios. A cambio, extiende algunas licencias (a 10 días para padres por nacimiento, por ejemplo) y crea otras. 

Además, permite crear fondos de cese laboral con aportes de trabajadores en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales, reinstaura las pasantías bajo la modalidad de prácticas formativas no laborales y crea una agencia de evaluación de tecnologías de salud (Agnet) para poner un límite a los juicios de los afiliados contra las obras sociales y las prepagas. 

Para apuntalar un acuerdo el Gobierno resignó ayer la creación inmediata de dos figuras de asalariados por fuera de la ley de Contrato de Trabajo que había inquietado a la CGT: el trabajador autónomo económicamente vinculado (el prestador de un servicio profesional con un cliente/empleador casi exclusivo), y el "trabajador independiente con colaboradores", pensado para pequeñas unidades productivas y de servicios con ayudantes. 

Ambas figuras pasarán a ser evaluadas por una comisión que creará la propia ley y que en un período no resuelto todavía, de entre 90 y 180 días, definirá sus alcances y su posible concreción. También en ese ámbito se prevé la instauración de una mesa de diálogo social permanente. 

El otro aspecto que impedía un entendimiento amplio era el que consagraba para las empresas la posibilidad de tercerizar actividades como seguridad, limpieza, informática, gastronomía y transporte, con previo aviso al sindicato del rubro principal. El mayor objetor, sobre todo del último punto, era Hugo Moyano por tratarse de un factor esencial de su poderío creciente en la década pasada: el camionero accionó por años contra las empresas dadoras de carga sin afectar a los empleadores directos de los choferes hasta forzarlas a reconocer el personal como propio. Para zanjar esa negativa el Gobierno se comprometió a suavizar ese ítem bajo la posible aclaración de "transporte de personas" para diferenciarlo del de cargas, ámbito específico de Moyano. 

No obstante ese compromiso en el sector del camionero ayer subsistían las incógnitas. En líneas generales el proyecto ya tenía un aval (sujeto al texto final) del triunvirato y de la "mesa chica" de la CGT. En teoría la presencia de Schmid, Frigerio y Sola en la mesa de ayer con Triaca debería bastar para incluir a Moyano en el entendimiento pero cerca suyo aclararon que aguardaría para pronunciarse la lectura de la versión final, y que incluso en ese caso podría no hacerlo. Se trata de un accionar propio del exjefe de la CGT, que históricamente eludió los acuerdos colectivos y se manejó de forma unilateral con el Poder Ejecutivo. 

De igual modo persistía hasta anoche la incertidumbre en otros sectores críticos de CGT como el gremio de metalúrgicos (UOM) y los bancarios de Sergio Palazzo, hasta ahora más inclinados a rechazar cualquier pacto con el Ejecutivo, además de los previsibles cuestionamientos de las CTA y de sectores gremiales de izquierda. 

Para el oficialismo era vital un acuerdo con la CGT. Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, había advertido a los funcionarios que la iniciativa sólo prosperaría en ese ámbito con el aval explícito del sindicalismo tradicional. En caso de conseguirlo, el Gobierno avanzará luego en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias para impulsar su sanción