En la anteúltima sesión ordinaria del año la Cámara de Diputados avanzó con tres leyes económicas claves: la ley de Defensa de la Competencia o ley antiponopólica, la Ley de Mercados de Capitales y la de Compre Argentino. 

La nueva ley de Defensa de la Competencia, que incorpora la figura del arrepentido como una herramienta legal para combatir las prácticas monopólicas por parte de las empresas, fue aprobado por 140 votos a favor y 72 en contra. Recibió media sanción y ahora deberá pasar al Senado para su aprobación final. 

Al momento de la votación, el oficialismo consiguió el aval del bloque Justicialista y del Frente Renovador. En contra, votó el Frente para la Victoria y Frente de Izquierda. 

La norma exime de sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar un emprendimiento de ese tipo. 

Otra cuestión clave es la modificación de la tasa de unidad que se empleaba para calcular el monto de las multas: se estableció que las multas tendrán un tope de 4.000 millones de pesos, equivalente a 200 millones de Unidades Móviles y de 100 millones Unidades para pedir autorización para una fusión, con lo cual se ubicará en 2.000 millones de pesos.

Desde Cambiemos, y al hablar como miembro informante del oficialismo, Mario Negri, destacó la importancia de la sanción de la ley, al sostener que "la cartelización es la enfermedad que termina ahogando al consumidor" y consideró que la norma será de "enorme significación para el presente y futuro del país", al anticipar la decisión del oficialismo de aceptar cambios al proyecto.

La diputada de la UCR, Gabriela Burgos, consideró que la ley de Defensa de la Competencia "era un vacío que tuvimos durante mucho tiempo". "Ahora con reglas claras vimos como se modificaron varios artículos y se aceptaron las propuestas de varios de los bloques y de esa manera en esta nueva gimnasia que se ve en el Congreso, se van mejorando leyes que son trascendentales y son importantes para la competencia y para las garantías, que también van a atraer a aquellos que quieran llegar a invertir en el país", anticipó. 

En el mismo sentido, la también diputada radical Karina Banfi señaló a este medio: "ahora hay reglas de juego claras, en donde todos los actores que participan tienen mecanismos para poder defenderse en términos de sus derechos de consumo y evitar principalmente la cartelización". "Ese es el rol del Estado. El rol del Estado no debe intervenir, en las decisiones comerciales, lo que debe hacer sí es poner reglas de juego claras justamente para ampliar la oportunidad que hay en el mercado y la oportunidad de consumo que tenemos que garantizar", explicó. 

Por el contrario, el diputado del FvP, Carlos Heller, cuyo bloque votó en contra, consideró que esta ley "termina siendo sumamente permisiva". "Nosotros tenemos una posición crítica ante la ley de defensa de la competencia. El Gobierno tiene una característica: hace todas leyes con títulos que son atractivos. Con el nombre Ley antimonopolio, quien puede no estar de acuerdo. Pero el articulado termina siendo sumamente permisivo y sobre todo en temas como la posición dominante, donde desde el FpV hemos planteado algunas limitaciones para que efectivamente eso tenga carácter antimonopólico", señaló a ámbito.com. 

• Mercado de Capitales

La segunda ley en tratarse durante la sesión fue la de Mercados de Capitales que Diputados aprobó y giró al Senado para su revisión. La iniciativa obtuvo 163 votos a favor y 65 en contra. Contó con el apoyo del Bloque Justicialista y consiguió finalmente el aval del Frente Renovador que logró a último momento incluir muchas de las modificaciones pertenecientes a su dictamen de minoría. 

El FpV solo voto a favor de los artículos que estaban vinculadas a las pymes. En este sentido, Heller dijo a ámbito.com: "El eje de la ley de financiamiento productivo es la desregulación del mercado de capitales. Es volver a la situación anterior a la ley que se sancionó en 2012. Después de la crisis de 2008, el mundo había tendido a regular los mercados porque la experiencia de los mercados autoregulados había sido desastrosa. Ahora estamos volviendo para atrás". 

La ley aprobada busca crear nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito que podrán serán vendidas en los bancos o mercados de capitales y apuntalar el mercado de hipotecas.

Un punto que generó conflicto fue el plazo que debe pasar antes de que el directivo de una empresa o fondo de inversión pueda ser miembro de la conducción de la CNV, ya que mientras el justicialista Diego Bossio propuso que sea un año, lo que fue aceptado por Cambiemos, la legisladora del Gen Margarita Stolbizer pidió que sean dos años.

En la votación en particular, la propuesta del oficialismo perdió la votación de ese artículo con lo cual quedó firme el plazo que está vigente en la actual ley de dos años.

Por otro lado, el proyecto estipula que "será nula toda prohibición de endosar, ceder, negociar y/o transferir las facturas de crédito electrónicas mipymes, tanto para quien las acepte como para los sucesivos adquirentes".

Además, se propone derogar la facultad de la CNV para intervenir en empresas y designar veedores con poder de veto respecto de las decisiones del directorio de dichas empresas como lo establece el artículo 20 de la ley actual, uno de las normas más objetadas por las empresas.

"Hoy es un día clave en cuanto a cómo el Congreso asume la responsabilidad de colaborar con reglas de juego claras al ordenamiento del mercado. Necesitamos proveer herramientas a la producción que facilite principalmente el desarrollo productivo para luego facilitar el consumo", señaló Banfi. 

"Estas leyes benefician a las pequeñas y medianas industrias de la Argentina, no a las grandes industrias que realmente son pequeñas en el número. Pero hay un 90% de pequeñas y medianas industrias que ahí sí necesitan todo el apoyo del Estado para aumentar su producción, para mejorar su calidad productiva y principalmente para poder llegar a los consumidores", agregó la legisladora radical. 

• Compre argentino 

Más tarde, los diputados trataron y dieron media sanción a la Ley de Compre Argentino, que fue aprobada por 136 votos a favor y sólo cuatro en contra, correspondientes al Frente de Izquierda. La iniciativa del oficialismo, recibió el apoyo mayoritario de casi todos los bloques. 

La iniciativa establece prioridad a las pymes en las compras del Estado, con el objeto de fomentar la economía nacional, dado que dichas empresas son las principales empleadoras y el Gobierno invierte el 5 por ciento del PBI en compras públicas.

El proyecto establece que el Estado Nacional deberá privilegiar a las pymes cuando haya diferentes ofertas y ese margen no supere al 15 por ciento y el 8 por ciento si se trata de grandes empresas. Este régimen también deberá ser aplicado por YPF.

Otro punto central del proyecto es que si una empresa extranjera ganara una licitación, deberá subcontratar firmas nacionales hasta cubrir un 20 por ciento del valor de la obra.

El presidente de la comisión de Pymes, el justicialista Pablo Kosiner sostuvo que "con la Ley de Compre Nacional se busca colocar a la pyme en situación de mayor competitividad frente a un contexto macroeconómico de caída de consumo, inflación y aumento de costos internos". "La idea es cómo posicionamos mejor a las pymes y a la producción nacional frente al mercado público y al dinero que el Estado nacional y los Estados provinciales gastan en compras nacionales. Entonces, hay una nueva macroeconomía que obliga a posicionar al producto nacional en una situación de mayor competitividad", explicó. 

"Una de las cosas que planteó nuestro bloque y que fue incorporada por el Ejecutivo fue la zona de reserva de mercado, en la que se esteblece para las licitaciones o compra de obra pública montos donde solo pueden competir pymes. Esto las protege frente a empresas de otra envergadura", agregó. 

Para Heller, el proyecto de Compre Argentino, a pesar de que el FpV acompañó la iniciativa "sigue siendo débil e insuficiente y además otorga muchísimos beneficios a una categoría de pymes que creó el Ministerio de la Producción que son las Pymes tipo II, que en realidad cuando mirás lo que facturan son empresas grandes a las que se les está dando los mismos beneficios que a las pymes". "Nosotros estamos proponiendo que todos esos beneficios sean para las MiPyme específicamente que es el sector que necesita apoyo y que las regulaciones le jueguen a favor", concluyó.