El juez Julián Ercolini ordenó la apertura de las cajas de seguridad de ex funcionarios kirchneristas procesados en la causa por el direccionamiento de la obra pública. El pedido fue realizado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y alcanza las cajas de seguridad franjadas de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner y José López. Son en total siete y además se afectaron cientos de propiedades inmuebles a los embargos millonarios, entre ellas los 25 inmuebles de la Sucesión Kirchner devenido en Condominio Máximo y Florencia Kirchner.

Después de varias horas, el operativo a cargo de Gendarmería arrojó un saldo de 90 mil dólares en una de las cajas de seguridad de Julio De Vido del Banco Patagonia sucursal Río Gallegos y su título de arquitecto. "El dinero quedará afectado al embargo", indicaron  fuentes judiciales.

En el caso de José López, no se encontró nada en el interior de las cajas. Carlos Kirchner, ex funcionario del ministerio de Planificación, tenía en su caja banditas elásticas y un "sobre de una empresa constructora que es parte de la causa", señalaron fuentes judiciales .

Otro momento. Lázaro Báez sale con la presidenta Cristina Kirchner del mausoleo que guarda los restos del ex presidente Néstor Kirchner en Río Gallegos desde el 2010./OPI SANTA CRUZ

Más de 180 propiedades se afectaron al embargo millonario ordenado en la causa donde el juez determinó que Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros ex funcionarios K, y Lázaro Báez integraron una "asociación ilícita" que entre 2004-2015, se dedicó a "cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en Santa Cruz".

Los contratos por $ 46.000 millones tenían un único destinatario: Lázaro Báez y la "jefa" de esta asociación, para la justicia, fue la ex Presidenta.

En el marco de esta causa que está próxima a ser elevada a juicio oral, y con el objetivo de evitar que los activos que deben ser alcanzados por los embargos trabados sobre los principales imputados por 10.000 millones de pesos, "sufran un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial", los fiscales pidieron que se disponga el secuestro y depósito judicial "de los bienes muebles registrables".

Con el objetivo de avanzar más sobre el patrimonio de los investigados, se ordenó por primera vez la apertura de las cajas de seguridad franjadas de De Vido, López y Carlos Kirchner, como también un inventario y secuestro de su contenido.

El juez Ercolini ordenó la apertura de siete cajas. En caso de que haya en las mismas bienes de "valor pecuniario", se ordenó un "embargo inmediato".

En el caso de José López, el saldo de la apertura de sus cajas fue negativo: no tenían nada en su interior. El primo de la ex Presidenta y ex funcionario del extinto ministerio de Planificación Federal, sólo tenía en su caja de seguridad "banditas elásticas y un sobre de una constructora que es investigada en la causa", señalaron fuentes judiciales.

Fue la primera vez que una medida de estas características se implementó sobre De Vido y José López, ya que a la familia Kirchner le abrieron las cajas de seguridad del Banco Galicia el año pasado y ordenaron el embargo de 5 millones de dólares.

Respecto a las propiedades, el juez Ercolini envió un exhorto a los diferentes registros de la propiedad inmueble, informando cuáles son los bienes que quedaron afectadas a los embargos. En el caso de Cristina Kirchner quedaron embargados los 25 inmuebles de la Sucesión Néstor Kirchner ahora constituido en Condominio Máximo y Florencia Kirchner.

También acciones de las tres sociedades Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa Sa, dinero en cajas de seguridad (US$ 5.696.144 y $53.280), y un vehículo Honda CRV.

En cuanto a Julio De Vido, el listado incluye una propiedad y dos vehículos. El detalle respecto a José López contempla siete inmuebles, una embarcación y un auto. Carlos Kirchner tiene ocho propiedades, una embarcación y siete automóviles.

Lázaro Báez es quien más propiedades tiene registradas. Un total de 81 inmuebles, cuatro automóviles, tenencia accionaria de tres empresas entre ellas, Austral Construcciones.

La justicia busca resguardar los activos de cualquier posible deterioro que "conspire contra la garantía patrimonial" y por ello, se pidió el secuestro y depósito judicial de inmuebles. Esta medida alcanza a los depósitos bancarios como también los plazos fijos de renovación automática.

Estas medidas, que buscan hacer efectivo el embargo ordenado en la causa que investiga la corrupción en la obra pública, y pensando un escenario futuro de un posible decomiso, incluyen a varias empresas de Lázaro Báez. Sobre las mismas, los fiscales pidieron una inhibición general de bienes y prohibición de innovar sobre: Austral Construcciones, Adelmo Biancalani, Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, Gotti SA.

Con informaciòn de Agencias