El Gobierno dará a conocer entre hoy y el lunes una resolución para que unos 450 sindicatos regularicen su situación en un plazo perentorio de 60 días o, de lo contrario, serán excluidos del registro de asociaciones sindicales. Es parte de uno de los puntos del paquete de reformas laborales que se negoció con la CGT.

Desde mucho antes de llegar a la Casa Rosada, a Mauricio Macri lo preocupa la alta tasa de sindicalización que existe hoy en la Argentina, que es del 37 por ciento, aproximadamente. El Presidente le ordenó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, avanzar en la depuración del padrón gremial, que cuenta con 3263 organizaciones: 1640 con personería gremial y 1623 con simple inscripción. "Hay muchos gremios que son un sello de goma y que no tienen actividad desde hace muchísimos años", justificó la jugada un jerárquico de la cartera laboral.

Triaca se reunió ayer con Sergio Romero, secretario general de UDA. Foto: Prensa UDA

Triaca obtuvo el aval de la cúpula de la CGT para avanzar en esta maniobra.

En el Gobierno toman la medida como una señal de respaldo al sindicalismo clásico, que se vio amenazado últimamente por el resurgimiento de la izquierda y hasta por algunos fallos judiciales que pusieron fin a los privilegios de los gremios con personería y equipararon derechos con los meramente inscriptos. De hecho, dos de los 450 sindicatos apuntados serían el Sitraic, un gremio alternativo de la construcción con influencia focalizada en el sur del conurbano, y uno de conductores de colectivos. Nada es casual: ambos rivalizan con dos gremios poderosos de la CGT que el Gobierno considera aliados: la Uocra, de Gerardo Martínez, y la UTA, de Roberto Fernández.

Como una reacción a esta avanzada oficial, gremios de la CTA Autónoma y de la corriente sindical clasista, vinculados a la izquierda, avanzan en una estrategia común para denunciar al Ministerio de Trabajo por intromisión en la vida interna de los organismos. Hoy habrá un encuentro en el que se designaría al abogado Horacio Meguira como uno de los redactores de la denuncia que se llevará antes del fin de año a la sede de la Organización Internacional del Trabajo.

"El Estado no puede interferir en la vida interna de los gremios y eso es lo que plantearemos. Siempre hubo momentos de intervención, pero ahora estamos ante un ministerio que intenta la desindicalización, quiere destruir a los gremios", planteó Meguira, asesor legal de la CTA. En la denuncia hay de todo un poco: desde gremios intervenidos por orden judicial hasta otros que exigen ser reconocidos o que se avale su proceso electoral.

Un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la CTA enumeró un listado con los tipos de injerencia que hubo del Ministerio de Trabajo: falta de otorgamiento de certificación de autoridades; falta de aprobación u observación de estatutos; demora en la homologación de acuerdos colectivos; intervención del sindicato o intervención velada; denuncia penal contra dirigentes y delegados; injerencia en el financiamiento de los sindicatos; desconocimiento de órdenes judiciales; injerencia en el resultado electoral; negativa a reconocer o inscribir un sindicato; inspecciones reiteradas; doble imposición de la conciliación obligatoria; multa económica por incumplimiento de orden administrativa; intimación a cumplir una orden administrativa, y suspensión de elecciones.

Desde que Triaca asumió en Trabajo, son ocho los sindicatos en los que el Gobierno intervino con aval judicial. El caso más conocido es el del SOMU y el más reciente, el de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos.