Cataluña está desde la pasada medianoche en campaña electoral. Eso sí, con Oriol Junqueras, cabeza de lista de ERC, partido llamado a pelear por la victoria el 21-D, y Jordi Sánchez, líder de ANC y número dos de Junts per Catalunya, formación del expresidente Carles Puigdemont, en prisión. En la misma situación están también el exconsejero de Interior Joaquim Forn y Jordi Cuixart, líder de la plataforma independentista Òmnium Cultural.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió mantener en prisión a los cuatro para evitar que se reproduzcan episodios de violencia en Cataluña. A los otros seis exconsellers que estaban encarcelados de forma preventiva el juez les permitió salir de prisión con fianzas de 100.000 euros, y ahora deberán comparecer semanalmente y entregar su pasaporte antes de las dos de la tarde de hoy mismo. El magistrado no aprecia riesgo de fuga; tiene en cuenta el arraigo que todos tienen en Cataluña y hasta que la mayoría concurrirá a las elecciones del 21-D.

Pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en los cuatro que seguirán presos. Considera a Junqueras, Sànchez y Cuixart miembros del «comité estratégico», descrito en el documento Enfocats, en el que se afirma que para lograr la proclamación de una república catalana era fundamental la movilización ciudadana, «categorizando a los catalanes según su posicionamiento ideológico». Esa supuesta hoja de ruta independentista, que recogía la estrategia desde el 2015 a la declaración de independencia, fue intervenida en el domicilio de Josep Maria Jové –segundo de Junqueras en Economía.

Según Llarena, «la aportación al delito» de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de la Mesa «se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado» y no a conductas «violentas». Pero en la actuación de Junqueras, Forn y los Jordis existe una «lesividad» que obliga a extremar las medidas para evitar la reiteración.

El juez llega incluso a afirmar que «sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella». A Forn le atribuye haber sido responsable de «las fuerzas de orden público» que «favorecieron o no desplegaron ninguna actuación» que pusiera término a «los actos violentos». Ahí cita el «asedio» sufrido el 20 y 21 de septiembre por la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El auto señala que aunque «la mayor parte de los ciudadanos reunidos iban a actuar únicamente impulsados por su convencimiento ideológico y que estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de agresión o violencia, se iban a infiltrar necesariamente numerosos comportamientos agresivos».

Ese riesgo de reiteración «impone un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados», señala la resolución. Según el magistrado, ese peligro no se conjura con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación, «sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real».

Sitúa en la violencia necesaria para que haya rebelión el corte de carreteras, la concentración que impidió el registro de Unipost y la constitución de «murallas humanas en los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera sido innecesaria de otro modo». Todas las defensas y Vox recurrirán la resolución.

Los exconsejeros que como Junqueras y Forn también estaban en la cárcel de Estremera (Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull y Jordi Turull) salieron del centro penitenciario en el que ingresaron el 2 de noviembre pasadas las seis y media de la tarde tras abonar las fianzas de 100.000. Ya en la calle, se abrazaron a la treintena de políticos y militantes que esperaban pese al intenso frío. Romeva, Mundó, Rull y Turull tenían la pretensión de volver a Barcelona en coche, según fuentes de ERC, y no hicieron declaraciones. No obstante, se espera que participen en la campaña catalana. Antes que ellos ya habían salido de Alcalá Meco las exconsejeras Dolors Bassa y Meritxell Borràs.

Entre las muchas reacciones destacaron por su virulencia las de los responsables de Esquerra. El diputado Joan Tardà acusó al «Estado español» de un deseo de «venganza» y de que «cunda el miedo y el desánimo» en la campaña electoral. Mientras, Marta Rovira, entre otras cosas, dijo: «La cárcel de Junqueras es una ilegalización encubierta de ERC».