Theresa May afronta desde hoy la verdadera batalla para construir un consenso en torno a la salida de la Unión Europea. Si la primera ministra británica pensaba que negociar con Bruselas era una misión titánica, puede prepararse para el conflicto en su propio gabinete cuando analice formalmente, por primera vez a qué aspira una vez Reino Unido haya abandonado el club al que se había unido en 1973.

Hoy se reúne con su círculo más próximo para perfilar modelos y mañana se enfrenta al Consejo de Ministros, último del año, donde podrá comprobar las dimensiones de la fractura que divide a un gobierno desmembrado en torno al grado de separación del principal bloque comercial del mundo.

Consciente de los choques que generará el debate, May había intentado retrasarlo al máximo, especialmente desde que su apuesta por el adelanto electoral le reventase en las manos en junio y su posición quedase severamente menoscabada. Si convocó las generales fue, precisamente, para reforzar su margen para negociar el Brexit, pero la pérdida de la mayoría absoluta la ha hecho rehén de un Parlamento convertido en un reino de taifas en el que el divorcio comunitario marca más que las siglas.

La prueba más evidente la experimentó personalmente la semana pasada, cuando sufrió su primera derrota desde que accediese al Número 10. Una rebelión en sus propias filas permitió fructificar una enmienda a la Ley de la Retirada de la Unión Europea que supondrá redistribuir el equilibrio de fuerzas a favor de Westminster: cualquier acuerdo recabado en Bruselas deberá ser votado antes de entrar en vigor. El Ejecutivo pretendía mantener la capacidad de implementarlo directamente, sobre todo si las conversaciones se van hasta el último minuto de la fecha máxima para la salida.

El motín en el que participaron once diputados tories levantó la veda contra los ataques personales, especialmente por parte del sector más anti-Unión Europea del aparato mediático británico. Señalados como traidores, los conservadores que apoyaron la enmienda el pasado miércoles, en su mayoría expertos en Derecho, han recibido amenazas de muerte, lo que evidencia el grado de polarización en un país donde, de acuerdo con una encuesta de Opinium, los electores ven por primera vez más dividida a la derecha que al Laborismo.

Con todo, el ruido tras el golpe de fuerza en la Cámara de los Comunes no puede ocultar la ironía que subyace en el conflicto: si aquellos que habían defendido la salida de la Unión Europeo ante el referéndum del 23 de junio reivindicaban la devolución de la soberanía al Parlamento británico, el intento de este de capitalizar este poder ha sido recibido como una muestra de deslealtad por parte del sector más eurófobo, que acusa a quienes proponen un voto significativo para Westminster de aspirar a detener el brexit.

De momento, sin embargo, la campaña ha surtido efecto y May ha movido ficha para evitar una nueva humillación esta semana, al claudicar de su pretensión de dar rango legal a la fecha de salida, el 29 de marzo de 2019, transcurridos los dos años estipulados por el Tratado de Lisboa. La formulación admitirá ahora flexibilidad y, si bien la data todavía aparecerá recogida en la Ley de Retirada, el Gobierno reconoce la posibilidad de retrasar el plazo.

La clave será hasta qué punto habrán sido capaces de acordar el denominado "período de implementación", es decir, la transición que seguirá a la salida. Planeada para durar dos años, su definición es el primer foco de atención para la Unión Europea, cuyas pautas para la recién iniciada segunda fase del proceso establecen que los primeros tres meses se dedicarán exclusivamente a esta cuestión para ya, a partir de marzo, hablar de la futura relación económica y en materia de seguridad.

Con ello, Bruselas pretende dar tiempo a May para construir un sentido de unidad en casa, pero su vulnerabilidad como líder y su exposición en un Parlamento en el que carece de mayoría la hacen prisionera de las alianzas estratégicas en el ecléctico universo del brexit. Su Gobierno se las ha arreglado para no disputar, hasta ahora, algunas de las concesiones más difíciles de digerir para la facción anti Unión Europea, pero es difícil que la tregua se mantenga cuando la intencionada ambigüedad actual evidencie que Reino Unido no está en posición de trazar líneas rojas, sobre todo, tras las patentes diferencias constatadas ya entre pesos pesados del gabinete.

Por si fuera poco, cualquier licencia deberá someterse al escrutinio de Westminster, donde los partidarios de una salida blanda han quedado notablemente reforzados con la derrota del Gobierno la semana pasada y la evidencia de que su unión podría cambiar las reglas del brexit. De hecho, destacados lores han advertido a May de que tome medidas para reprimir el estilo de persuasión de los responsables de la disciplina interna, acusados de cuestionables mecanismos de presión cercanos al acoso laboral.