Los miembros de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo aprobó, el miércoles de esta semana, el proyecto de ley se establece el Segundo sin carne en todo el estado. Ahora, la propuesta está a la espera de sanción del gobernador Geraldo Alckmin (PSDB) . Si se aprueba, la ley establece que las escuelas públicas y los establecimientos que proporcionan comidas a los organismos públicos, como las prisiones y restaurantes buen plato de los pobres, se les prohibirá el suministro de alimentos con la carne y los lunes. El proyecto también determina que esos establecimientos deben tener un menú vegetariano en los demás días de la semana. Los hospitales públicos serían los únicos que no se encuadrar en la nueva ley.

El gobernador aún no se pronunció oficialmente sobre su decisión, que deberá ser tomada el año que viene, tras el receso. Si Alckmin quiere, de hecho, sancionar la propuesta, tendrá que enfrentarse a uno de los sectores más poderosos del país. Si no acatámosla, debe ser objeto de reacciones de uno de los grupos más articulados e influyentes de las redes sociales, los activistas vegetarianos y defensores de los derechos de los animales, todo ello en pleno año electoral, el tucán es el pre candidato del PSDB en las presidenciales . En 2014, la campaña, Geraldo Alckmin, para el gobierno estatal planteó tres millones de reales solamente con donaciones de JBS , la industria de la carne gigante, que pertenece a los hermanos Bautista.

El autor del proyecto aprobado, que se basa en Lunes sin carne , un movimiento que existe en 35 países, es el congresista Feliciano Filho (PEN). Se dice que el objetivo de la propuesta, presentada en febrero de 2016, es "para llamar la atención de la sociedad sobre las consecuencias del consumo de carne y sus derivados" . También afirma que "la producción industrial de carnes es una de las mayores fuentes de contaminación del medio ambiente, consume un enorme volumen de recursos naturales y energéticos, además de generar miles de millones de toneladas de residuos tóxicos sólidos, líquidos y gaseosos". La propuesta aún prevé una multa por el incumplimiento de la ley en el valor de 300 unidades fiscales del Estado de São Paulo, lo que corresponde hoy a 7.500 reales.

Agencias