Un listado de 46 vehículos encabezado por un Honda CVR dominio IFU 900, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos, ingresó a la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón Lanús.

Se trata de automotores que pertenecen a los procesados por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez. El juez Julián Ercolini entregó la guarda judicial a la AABE que les dará un fin social. No se descarta afectarlos a las fuerzas de seguridad o a vialidad Nacional.

Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

Además, el juez Julián Ercolini afectó al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos.

Hace pocas semanas, el magistrado envió un oficio a la AABE informando que los nombraban depositarios judiciales de 46 vehículos, para “su conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos”. La medida se respalda en el artículo 233 del Código Procesal Penal y se busca otorgarles “utilizarlos y/o destinarlos a alguna institución u organismo público, que pueda utilizarlos para funciones específicas a su cargo”, explicó a Clarín Ramón Lanús, el responsable de la AABE.

Para esto, el juez ordenó que a fin de mantener su valor, “se deberá proceder a la contratación de un seguro contra todo riesgo respecto de dichos bienes”, indica la resolución.

Se trata de 46 vehículos: 41 están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate), 2 en Capital Federal, 1 en Corrientes, 1 en Santa Rosa y 1 en Zárate (Buenos Aires).

“Lo primero que se hizo fue encontrar espacio del Ejército y Gendarmería para trasladar los vehículos y resguardarlos allí, después se inspeccionará el estado en el que cada uno se encuentra para asignarle un fin social”, explicó Lanus.

No se descarta que las fuerzas de Seguridad puedan ser beneficiarios con el auto de Cristina Kirchner, camionetas de De Vido, José López y Báez. También existe la posibilidad de que Vialidad Nacional reciba parte de estos vehículos. “Se analizará alguna ONG, o pedidos de municipios y gobiernos provinciales”, indicó el titular de la AABE.

Esta decisión va en sintonía con el proyecto de ley de extinción de dominio y según planteó Lanús “la recuperación de los bienes para utilidad pública, la instrucción judicial tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la corrupción”. En el Estado sostienen que en nuestro país, “los corruptos y ladrones no sólo tienen que estar presos, sino que, además, sus posesiones mal habidas, deben ser recuperadas en provecho de todos los argentinos”.

El primer antecedente se dio en la causa conocida como la Ruta del dinero K donde el juez Sebastián Casanello entregó a Vialidad Nacional 150 vehículos de Austral Construcciones, firma insignia de Báez investigado por lavado de dinero en este expediente. También entregó al ministerio de Seguridad, dos aviones del empresario K.

Con información se agencias