El Soeme, sindicato liderado por Balcedo, demandaba el pago de aportes en jurisdicciones en las que no estaba radicado el gremio. Además de la provincia de Misiones, ese modus operandi se repitió en Córdoba y Entre Ríos.

Marcelo Balcedo pretendía extender su poder y el del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) por todo el país, según una investigación publicada por el diario La Nación. Esa afirmación puede realizarse por la forma en que, desde hace al menos dos años, comenzó a emplazar con cartas documento a institutos de educación privada de distintas localidades del interior reclamándoles aportes supuestamente inexistentes.

En nuestra provincia, a mediados de 2015, el presidente de la asociación que nuclea a los institutos privados de educación, Luis Bogado, denunció al Soeme (que no tiene ningún tipo de presencia en la tierra colorada) en el Ministerio de Trabajo de la Nación por iniciar “juicios contra decenas de escuelas de gestión privada” y por valerse de “documentación falsa”.

A varias instituciones les embargaron las cuentas, por lo que Bogado presumió que “actuaban con la complicidad de un juez”. El “acoso” fue tal que las entidades elaboraron un anteproyecto de ley para un régimen laboral específico para el personal no docente de escuelas de gestión privada.

Silvia Cantón, dueña de un jardín de infantes en la capital cordobesa, recibió una carta documento en 2015 reclamándole $45.000. Interpretó que se trataba de un error porque no tenía ningún vínculo con el sindicato y tampoco personal de maestranza o portero que pudiera estar afiliado. Al tiempo llegó otra carta en la que se la acusaba de no dejar ingresar una inspección.

“La supuesta inspección había sido el 5 de marzo de 2015 y estoy segura de que nadie intentó hacerla porque era el comienzo de clases y estamos muy atentos a los movimientos. A la carta la firmaba un tal Cabral, sin datos de matrícula ni nada. Tampoco el nombre del jardín, sólo mi CUIL. Pedían datos como, por ejemplo, la nómina de los alumnos. Una locura”, relató Cantón.

El Soeme basaba sus envíos en una resolución de la AFIP que determina índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas; es decir que estima cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración deberían tener esas entidades en función de la cantidad de alumnos.

Cantón contrató un abogado para responder las cartas documento y explicar que ni siquiera tenía maestranzas, pero los trámites no llegaron a tiempo y unos meses después la notificaron de un embargo judicial de su cuenta bancaria.

El estudio jurídico porteño Trevisan, que tiene varias causas similares, tomó su caso. Tiene una sentencia que la obliga a pagar $60.000 más los costos y $12.000 al abogado del Soeme.

En Entre Ríos, donde tampoco está radicado el Soeme, se repitió la modalidad: escuelas privadas y academias de inglés recibieron las cartas documentos reclamando deudas. El monto, extrañamente, era siempre el mismo: $45.000.

Cecilia Borro, abogada del Instituto Magnasco, confirmó las notificaciones para una audiencia de mediación privada en la ciudad de Buenos Aires que, al desconocerse, daba lugar a un segundo emplazamiento. “Un acta que es una planilla sin sello aclaratorio donde alguien afirma que no lo dejaron pasar a la institución; así es como determinaban el monto de esta supuesta deuda gremial”, dijo Borro.

Las cartas y notificaciones eran siempre las mismas, lo que muestra un accionar “al voleo” sin constatar los hechos. Siempre se reclamaba la deuda por aportes solidarios desde 2010, cuando hay escuelas que ni siquiera funcionaban en ese entonces.

Las actas con las que buscan demostrar que no se permitía el ingreso de inspectores llevan en general la misma firma y, en muchos casos, tienen la misma fecha. Así hay inspecciones realizadas supuestamente por la misma persona en Córdoba y en Misiones.