El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que publicará el Gobierno con el alegado objetivo de "desburocratizar el Estado" incluirá un amplio indulto a empresas detectadas con trabajadores no registrados, como había anticipado ayer este diario, y una medida orientada a debilitar el poder de Hugo Moyano: la habilitación de los "bitrenes", vehículos que según los funcionarios permitirán reducir costos de logística y también de cantidad de choferes contratados.

Ayer en el Ministerio de Trabajo se adjudicaban -al menos en parte- el impulso de ambas acciones como parte de un plan más amplio de facilitar el desenvolvimiento de las compañías y poner límites al accionar sindical. 

En el primer capítulo el decreto reducirá los plazos de permanencia de las empresas infractoras en un registro creado por ley en 2014, el Repsal, definido como una suerte de "veraz laboral". Se trata de un mecanismo que expone a las compañías con personal informal detectado durante una inspección. Además de esa visibilidad la permanencia les priva a las firmas de la obtención de créditos subsidiados, incorporación en planes de facilidades de pagos, exenciones impositivas o compras del sector público. 

En la cartera laboral alegaron que las estrictas condiciones del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales terminaron por convertirlo en una aparente amenaza. Un "cementerio de empresas", dijeron cerca de Jorge Triaca, donde explicaron que en algunos casos resultaba más conveniente para los hombres de negocios llevar la compañía al quebranto y fundar otra para continuar el desarrollo de una misma actividad. Los funcionarios consultados no dieron cifras de ese supuesto proceso. 

"La evaluación casuística histórica de la base del Repsal ilustró que, una vez que la empresa paga la multa impuesta y regulariza la situación de los trabajadores, el plazo de permanencia máximo de 120 días resulta perjudicial al espíritu de la ley, afectando fuertemente la actividad y subsistencia de algunas empresas y poniendo en riesgo las fuentes de trabajo", explicita un informe de la cartera laboral. Según ese análisis, "la reducción del plazo de publicación en el Repsal facilita la vuelta a la normalidad lo antes posible una vez saldada la deuda de aportes y contribuciones por haber mantenido personal no registrado". 

En el decreto está previsto bajar de 90 a 30 días el plazo de permanencia en el registro "en los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción". Además, establece que los organismos involucrados en el esquema de inspecciones tendrán un máximo de 30 días corridos a partir de que la sanción toma carácter de firme "para la efectivización de la inscripción". El objetivo, en este caso, es acelerar los plazos administrativos del propio Ejecutivo a la hora de incorporar a infractores al sistema. 

Mientras que para los casos de empleadores regularizados el plazo para continuar en el registro tendrá un tope de 30 días corridos en lugar de los actuales 60 días. Uno de los cambios más significativos, en tanto, será la reducción del plazo de continuidad en el registro para los empleadores que hubiesen obstruido la labor de los inspectores. Pasará de los actuales 180 días a apenas 30. 

El otro ítem que celebraban ayer en Trabajo era la habilitación del sistema de "bitrenes", formaciones de doble remolque que aumenta significativamente la capacidad de los camiones de carga. En ese sentido, los funcionarios explicaron que bajará al menos 20% los costos de la logística y, en consecuencia, permitirá una merma del número de choferes de camiones contratados para la misma cantidad de carga. Es decir, una amenaza para Moyano. La medida, sin embargo, no alterará la ecuación de la carga en la Argentina, que desde hace años ubica al camión en una hegemonía casi total con más del 90% de la totalidad de lo transportado.

El decreto que se publicará este jueves agrupa 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (la AABE y la ANSES) y el Banco Central. Estas medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos.

Cabrera indicó que la iniciativa busca "reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo".

Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

Se deroga la Ley de Abastecimiento de 1952 que establecía que el Ejército administra campos y ganado para que se autoabastecerse ante la eventualidad de una guerra. Los campos inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al tiempo que aclararon que por el momento no está pensando "en venderlos", explicó Cabrera

Otra de las decisiones de importancia es que el fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS, que administra los ahorros de la ANSES, podrá de ahora en más "crear fideicomisos y operar con instrumentos apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas".

Según señaló el ministro de Producción la iniciativa es para contar con más fondos para "expandir el programa de créditos ARGENTA". Actualmente indicó ya se otorgaron casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.