La Unidad Fiscal de Investigaciones formuló ante Gabriel Vitale, juez de garantías de Lomas de Zamora, la imputación a Hugo y Pablo Moyano. La causa que se investiga es por asociación ilícita, liderada por el barrabrava de Independiente Bebote Alvarez, y fraude contra el club de Avellaneda.

Otros barras y el exdirigente Noray Nakis, también implicados en la misma causa, ya están procesados y algunos prisión preventiva.  “Bebote” Álvarez había complicado aún mas a Pablo, luego de dar varios detalles de manejos en Independiente.

Vitale debe decidir si procesa a los Moyano, con o sin prisión preventiva, que aplicó a la mayoría.

Según fuentes judiciales, la decisión de la representante del Ministerio Público de imputar a Hugo y Pablo Moyano se originó por el pedido de los abogados de Independiente y de uno de los ocho procesados en el expediente para que les devuelvan las computadoras secuestradas en los mencionados allanamientos.
El pedido se fundó en que esos elementos informáticos eran necesarios para el normal funcionamiento del club.

Antes de acceder a dicha solicitud, la fiscal explicó que era necesario que esas computadores sean sometidas a peritajes con el objetivo de establecer la posible existencia nuevos elementos contra Álvarez y los otros siete coimputados o de pruebas que avalaran una eventual acusación contra nuevos sospechosos.

Entonces, para evitar eventuales pedidos de nulidades, la fiscal imputó a los Moyano debido a que son las máximas autoridades del club.

La imputación de la fiscalía contra el presidente y el vice presidente de Independiente y referentes del sindicato de camioneros se fundó en el artículo 60 de Código Procesal Penal bonaerense, donde se consignan los derechos que tienen los acusados a designar, por ejemplo, un perito de parte para controlar un estudio como el que se someterá a las computadoras secuestradas en el club.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó este miércoles que el Gobierno "no se metió contra el sindicalismo, sino contra la fortuna de los sindicalistas" y, en la misma línea, la diputada oficialista Graciela Ocaña anunció que ampliará su denuncia de 2011 contra el camionero, vinculada al presunto desvío de fondos de la obra social del sindicato en beneficio de empresas vinculadas a la familia Moyano.

Con informaciòn de Agencias