La marcha del próximo 22 de febrero convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano es vista como una "respuesta" a la lucha que encara el Gobierno para lograr un sindicalismo "transparente", por este motivo, esta vez sí podrán ser combatidos estos sectores de poder (en particular el gremialismo)" .

A juicio de las autoridades nacionales, la protesta seguramente contará con el apoyo de las organizaciones de la izquierda, la CTA, algunos gremios allegados al dirigente camionero e integrantes del kirchnerismo. "Si amenazan con una marcha y piensan que así vamos a negociar, se equivocan" dijo un miembro del Gabinete. ¿No les preocupa que Moyano pueda paralizar el país?, se le preguntó. "Lo único que nos preocupa es que no haya violencia", fue la respuesta contundente.

Esta firmeza también está respaldada en que el Gobierno siente que hubo un cambio en la sociedad, que la "obscena" exhibición de fortuna de los varios dirigentes sindicales les hace perder predicamento ante la gente.

Asimismo, según comentaba una alta fuente oficial, "no están dadas las condiciones para un reclamo: el salario recupero de 3 puntos en el poder adquisitivo; se ha recuperado la creación del empleo".

Respecto del proyecto de Reforma Laboral ya en más de una oportunidad manifestaron no estar "aferrados" a esa iniciativa. "Se puede discutir el tema del Blanqueo Laboral por un lado", mostrándose permeables a escuchar a la oposición. Es más, como comentan cerca del despacho de Macri la intención es dejar que "el Congreso sea más proactivo", es decir el Ejecutivo no impulsara particularmente proyectos de ley. "Si hay proyectos superadores estamos dispuestos a acompañarlos. Esta fue la directiva que partió a los principales legisladores oficialistas desde el despacho presidencial.

El otro punto en discordia es la cláusula gatillo. En esto hubo al principio por parte del Gobierno cierta rigidez en aferrarse a desalentar la utilización de este mecanismo. Esta actitud ahora cambió y dejan librado a cada gremio. "Algunos aceptaran cláusula gatillo, otros mecanismos compensatorios (por ejemplo Empleados de Comercio), las paritarias son libres mientras lo que acuerden no afecten a terceros", explican.

Por estas razones es que en la Rosada están convencidos de que la marcha es más un "reclamo personal (por los problemas judiciales de Moyano) y político (por la suma de Luis Barrionuevo y CTA)".

Al respecto, en el Ministerio de Trabajo, no sin dificultades continúan con las auditorías a los gremios. Cabe recordar que en su momento se dieron de baja unos 500 sindicatos que durante 3 años no presentaron la documentación reglamentaria. El ejemplo más emblemático de una intervención a un gremio fue la del SOMU que, según comentan en la Rosada "no fue nada fácil". Relatan que "los auditores tuvieron que sufrir amenazas y situaciones de riesgo".

Sin embargo, y como mostró en Gabinete el propio titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, el resultado fue positivo: de un déficit de $5 millones se pasó a un superávit financiero de 200 millones de pesos; se capacitaron a 3.000 afiliados cuando antes solo fueron 100 y la intervención culminó con un proceso "eleccionario transparente", con la presentación de dos listas.

"Nosotros estamos peleando contra los que tienen privilegios y saben obstaculizar", suele decir el presidente Macri a sus ministros y les advirtió que se preparen porque estos sectores "se van defender y van a devolver con críticas". Estas palabras del primer mandatario no se refieren únicamente a la pelea que ya se está dando contra los gremialistas que utilizan "su poder para beneficio personal", sino también para todos aquellos que "tienen el poder y lo usaron para obtener privilegios indebidos". En esta categoría entran "integrantes de los poderes Judicial y Legislativo, empresarios y gremialistas".

El mensaje de Macri a su equipo fue claro: "Los poderosos se van a oponer, pero no vamos a aflojar", aseveró ante sus principales ministros.

"Si sólo fueran críticas lo que devuelven...", murmuraban algunos allegados al entorno presidencial. Se referían, por caso, a las "amenazas personales" que recibieron miembros del Gabinete como consecuencia, dicen en la Casa Rosada, de la pelea que se está llevando a cabo en el terreno de la Justicia contra los Moyano. A pesar de contar con todo el respaldo presidencial, estas "amenazas" preocupan en algunas áreas del Gobierno que deben responder las demandas de la Justicia proveyendo la información necesaria y muchas veces incriminatoria.

Defensa cerrada

La pelea contra los sindicalistas que defiende más sus intereses personales que a sus agremiados explica en parte, la defensa cerrada que hubo en el Gabinete nacional a favor del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

"Nosotros valoramos el cuidado del equipo", explican al tiempo que recuerdan que "nos costó mucho lograr conformar un buen grupo de trabajo".

En tal sentido, rescatan la "idoneidad y el trabajo de Triaca y sus colaboradores", al tiempo que evalúan que "es un muy buen interlocutor con el gremialismo". Descartan que la autoridad moral del ministro de Trabajo haya quedado "menoscabada" luego del episodio con Sandra Heredia. Si bien aclaran que no defienden lo hecho por el ministro en este caso en particular, los funcionarios también sostienen que no se van a sumar al "clamor mediático contra el ministro de Trabajo".

En el entorno presidencial consideran que un coletazo del "caso Triaca" fue el adelantar la medida por la cual numerosos familiares de funcionarios tuvieron que dejar su trabajo en el Estado como resultado de un decreto específico del Poder Ejecutivo. La aspiración oficial es que esta iniciativa sea imitada en el Congreso nacional -darán instrucciones a los legisladores oficialistas para que lo impulsen- y en las provincias y municipios.

También esperan que en el Poder Judicial se replique la iniciativa, aunque en tren de elegir esperan más que imiten la decisión de "paritaria cero" como se aplicará este año en el Poder Ejecutivo para los cargos de subsecretario para arriba. El cansancio de la sociedad por tantos hechos de corrupción lleva a pensar en la Rosada que ciertos "privilegios" ya no son tan tolerados por la sociedad y recuerdan que "entre que los jueces no pagan Ganancias, si encima se desubican con los sueldos, me parece que a la gente esto no le caerá nada bien".

En el Gobierno saben que excluir familiares de los cargos o no aumentarse los sueldos no son medidas de fondo, pero sí ejemplificadoras y admiten que "son necesarias en momentos que la sociedad está haciendo un gran esfuerzo pagando el costo de tantos años de desequilibrios".
 

Fuente:Liliana Franco