El Gobierno analiza aplicar un nuevo método de reparto para los cerca de 2.300 millones de pesos mensuales que el Estado debería girarle con equidad, continuidad, ecuanimidad, transparencia y control a las obras sociales sindicales. Esa plata es crucial para que los gremios puedan brindarle atención médica a sus afiliados.

El cambio en el modo en el que la Superintendencia de Servicios de Salud redistribuiría esos fondos de los trabajadores está siendo analizado no solo por técnicos gubernamentales. También aportan sus conocimientos, intereses y consejos expertos queforman parte de algunos de los sindicatos más fuertes de la CGT, e incluso también acercaron los suyos algunos secretarios generales de gremios que conocen las “trampas” que pueden generarse en obras sociales que quieran utilizar la plata destinada a cubrir los tratamientos médicos de sus afiliados, pero que podría terminar usándose para otros fines.

Esta nueva política es otro impulso más que toma la Casa Rosada en el contexto de su pelea de poder con el sindicalista del PJ más poderoso con el que ha entrado en una puja que parece no tener retorno: el ex secretario general de la CGT, ex jefe de Camioneros, ex titular del PJ bonaerense y actual presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano.

El cambio en el modo con el que se repartirían los 2.300 millones de pesos mensuales entre las obras sociales de los gremios de la CGT, casi todas con déficit, es una política pública más que se aplicará inmersa en el conflicto de la Casa Rosada con Moyano.

Uno de los organizadores de este cambio esencial para los sindicatos admitió que el nuevo esquema incluirá “premios y castigos” para aquellos gremios que no tengan sus cuentas en relativo orden.

Tal vez el avanzado proyecto de modificación en la distribución de los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) haya persuadido a algunos jefes del sindicalismo peronista de no marchar junto a Moyano. Desde hace meses el Gobierno dio muestras de cómo impondría mayor control, o viceversa, a los sindicatos que entiendan el “cambio cultural” que quiere imponer Cambiemos, y que incluye, como también ocurría en la era K, que la CGT contenga sus protestas en contra de las políticas del Gobierno.

La historia reciente de la Argentina mostró que, como ocurre en un país en el que las reglas pueden ser tomadas como sugerencias en lugar de ser acatadas como obligaciones, el Estado falló en asegurar un reparto equitativo de la plata de las SSS para los gremios.

También se descubrieron desmanejos que se cometían en loa sindicatos con esos de los trabajadores que administra el Estado, y que tendrían que tener un único objetivo: mejor asistencia sanitaria para los afiliados sindicales. Sean del gremio que fueran.

Por ahora, el Gobierno y sus aliados de la CGT no dejaron trascender demasiado sobre los detalles de cómo se implementarïa la distribución de ese dinero. Pero sí que no llegará a todos los gremios por igual.

“Ahora se va a trabajar en serio para que nadie tenga más beneficios que otro por su poder de imposición al Gobierno”, dijo una de las fuentes que participa de estas negociaciones confideciales.

Hoy, la frase tiene una sola lectura: Moyano ya no estará entre los más beneficiados por la suelta de dinero de la SSS, como solía pasar.

El nuevo plan incluiría un proyecto de ley para crear un nuevo organismo público: la “Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria”.

Ese ente, que sería integrado por expertos en medicina, técnicos, abogados y científicos, se encargaría de determinar cuándo una obra social deberá recibir el dinero necesario para ayudar en la recuperación de la salud de un paciente que necesita un remedio o un tratamiento de alto precio: muchas veces esas prácticas para enfermedades de alta complejidad tienen un costo de miles de dólares. Esta nueva “agencia” serviría para evitar que gremios corruptos falsifiquen la existencia de pacientes que pueden ser inscriptos para recibir esos remedios, un método siniestro para recaudar fondos de modo ilegal. Sobre todo, este organismo buscaría que los grandes laboratorios no frenen con medidas cautelares los tratamientos de gente que realmente sí necesita el financiamiento más caro para mejorar su salud.

Moyano no fue consultado en ningún momento por la Casa Rosada para imponer estas nuevas medidas sobre los multimillonarios fondos públicos que reciben, o deberían recibir con habitualidad, las obras sociales sindicales. Es solo un cambio de los muchos que sentirá el líder camionero, acostumbrado a recibir otro trato de parte del poder.