El juez Claudio Bonadio libró esta tarde órdenes de presentación para que el sindicato de Camioneros que dirige Hugo Moyano entregue a la Justicia los libros societarios y contables. Asimismo, se requirió la misma documentación a la obra social de Camioneros, cuya auditoría dio con un rojo de más de $ 600 millones, y también se pidió información a empresas vinculadas a la familia del líder sindical.

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que comenzó en la justicia federal con una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña, el juez Bonadio libró diferentes órdenes para secuestrar documentación vinculada a los presuntos delitos bajo investigación: libros contables, libros societarios y todo lo que dé cuenta de movimientos de dinero, según pudo saber este diario.

Por la tarde, efectivos de la Policía Federal se acercaron a la sede del gremio en Constitución para retirar la documentación solicitada por la Justicia.

Se solicitó al gremio de Camioneros que entregue libros contables, un requerimiento que alcanza también a la obra social del sindicato. Según el informe de auditoría en su último ejercicio contable arrojó un pasivo de $ 636 millones, casi el doble que el año anterior que cerró con un rojo de $ 364 millones.

Esta situación se viene "reiterando en los últimos años", según la documentación judicial, y el pasivo neto del sindicato del cual pidió información Bonadio ya asciende a $ 1.837 millones.

Para Ocaña, denunciante en esta causa, “los afiliados terminaron pagando por servicios de primera línea, como las prepagas de mejor reputación, cuando las prestaciones son muy distintas”.

La denuncia alcanza al conglomerado de empresas allegadas a la familia Moyano, prestadoras de servicios de Camioneros y de OsChoCa, la obra social del gremio.

“Son varias empresas más a las que les traspasaron de forma indiscriminada, incumpliendo las obligaciones que, al tratarse de fondos públicos, deben cumplir las obras sociales”, dijo en su momento.

La justicia busca clarificar la ruta del dinero. El último informe de la UIF, que dirige Mariano Federici, puntualiza que entre 2010 y 2011 Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por $220 millones. De ese universo, el organismo analizó una muestra preliminar, de 26 cheques por un monto de $105 millones, y constató que la totalidad fue librada por Camioneros.

Según el informe, la modalidad "se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros".

La ampliación de la denuncia sostiene que los allegados a Moyano que tiene siete causas abiertas en la Justicia. "Han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi con exclusividad a Camioneros". Se incluyó en el listado a Dixey SA, un taller de ropa, y la prestadora médica IARAI SA; también dirigidas por Valeria Salerno. Todas deberán entregar sus libros contables y societarios ante la orden de presentación librada por Bonadio.

Con la documentación secuestrada al sindicato a su obra social y a las empresas prestadoras de servicios y que están relacionadas con el líder sindical, se podría avanzar en un peritaje contable que determine la existencia, o no, de los delitos investigados en este expediente.

Foto Portada:Personal de la Policía Federal se presentó en el gremio para retirar la documentación solicitada por la Justicia.

Con informacion de Agencias