Se agrava la situación judicial de, Luis Omar Giménez, por sobreprecios en la facturación del servicio de seguridado que le habría permitido obtener 130.000 pesos mensuales de manera irregular durante por lo menos un año; pedidos de sobornos para agilizar el pago a proveedores y un empleado jerárquico que reconoció ante la Justicia haber oficiado como testaferro. Esto es apenas una síntesis del derrumbe del imperio que Luis Omar Giménez construyó durante una década como líder del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), uno de los tres gremios que agrupa a los empleados de la agencia estatal Télam .

Suspendido hace tres semanas para ejercer su función gremial a partir de un fallo judicial que lo considera "un peligro para la seguridad de las personas y bienes de Télam", Giménez recurrió a un equipo de abogados para su contraataque. José Vera lo asesora en la defensa de las causas penales, como una denuncia por supuesto acoso sexual, y Hugo Antonio Moyano (h.), en las laborales, como las presuntas irregularidades en el manejo del dinero de los aportes sindicales, que no se habrían bancarizado durante diez años.

Pero en el juzgado laboral de Ricardo Tatarsky se apilan testimonios de empleados de Télam y exdirigentes del Sitrapren que complicarían a Giménez, un aliado de Hugo Moyano.

Maximiliano Gabriel Suárez, que se desempeña como jefe de Infraestructura y Servicios de la agencia y fue delegado gremial, admitió que él fue parte de una maniobra para pactar sobreprecios con la cooperativa de seguridad CLC, que fue proveedora de Télam hasta abril de 2016. "La cooperativa presentaba horas de más en la planilla", dijo Suárez ante el juez. Y añadió que Giménez se ofreció a intervenir si es que el servicio se licitaba. "Tenía el poder para que la ganaran", detalló.

Por esta irregularidad con el servicios de seguridad, la gerencia de Télam denunció que se desviaron unos 130.000 pesos mensuales, según informaron a La Nacion. El caso de CLC está ahora en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, aunque todavía no alcanzó a Giménez.

Nahuel Cruz Amarilla, que sería jefe de la sección Cobranzas de Télam, reconoció en la Justicia que Giménez lo utilizó como presunto testaferro al poner tres propiedades a su nombre. "Me intimaron por bienes personales por estas tres casas", agregó. Y amplió detalles al decir que el sindicalista lo "obligó" a firmar un poder para vender, alquilar o disponer de esos bienes. Amarilla, además, relató que Giménez tenía la fortaleza para "manejar" los concursos para cubrir vacantes en la agencia y que obtenía pautas publicitarias oficiales por dos programas que tenía en Radio Nacional.

Ernesto Eduardo Olagüe, exsecretario adjunto del Sitrapren y empleado del área de Lógistica de Télam, declaró que el sindicato no tiene sede propia (Giménez lo desmintió) y que entre 2003 y 2014 los aportes de los afiliados la empresa los abonaba con cheques dirigidos al gremio y que se cobraba por caja. Admitió que él los cobraba y se los entregaba al secretario general. "Giménez se llevaba muchas veces la plata a la casa", señaló.

Además, acusó al jefe sindical por manejos irregulares con la empresa de limpieza Uadel y confirmó la versión de Suárez sobre las anomalías en la contratación del servicio de seguridad con la cooperativa CLC. "Le pidieron un porcentaje para que la facturación salga rápida. Pero como los dueños de CLC dijeron que era imposible la única manera de hacerlo era mediante una sobrefacturación de horas", dijo Olagüe en el expediente al que accedió La Nacion.

"Nunca recibió la imputación formal por algún delito. Iniciamos una querella por calumnias e injurias contra la empleada [Leonor Lamberto] que lo denunció por acosa, pero nada más", dijo Vera, uno de los abogados de Giménez. Y agregó que su cliente "no tenía injerencia con el área de contrataciones". Vera presentó ayer un "habeas corpus preventivo" para conocer en detalle la situación judicial de su cliente.

Moyano (h.), otro de los defensores del sindicalista, acusó a la gerencia de Télam, que encabeza Rodolfo Pousá, de "armar la causa" para desplazar a Giménez de su función gremial. "Fue Giménez el que llevó primero a la Justicia a la gerencia. Denunció la tercerización de los servicios de seguridad y limpieza, y hay otra causa por discriminación sindical. Lo que proponen es un vaciamiento de la empresa", dijo el hijo de Hugo Moyano.

Giménez fue delegado gremial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y en 2002 creó el Sitrapren, que actualmente tiene menos de 300 afiliados, todos empleados de Télam. Su caso, además de ser investigado por la Justicia, es auditado por la Oficina Anticorrupción al tratarse de una empresa del Estado.

Por: Nicolás Balinotti