El mayor escándalo de corrupción de América latina empieza a aterrizar en Argentina. Con las declaraciones indagatorias de 49 ex funcionarios y empresarios, entre junio y octubre próximos, el Poder Judicial comienza a correrle el velo a la trama local del caso que en Brasil fue conocido como Lava Jato y que le costó el cargo a Dilma Rousseff.

Julio De Vido y su plana mayor del Ministerio de Planificación ( Ricardo Jaime, Roberto Baratta y José López, entre otros) están entre los que deberán dar explicaciones ante la Justicia.

Se investiga una megaobra como es el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, adjudicada a un consorcio de empresas encabezadas por Odebrecht y con socios argentinos, por un monto de 3.000 millones de dólares. La propia Odebrecht, que también fue juzgada por diversos hechos de corrupción en América latina ante tribunales de Estados Unidos, confesó en ese país haber pagado sobornos a funcionarios argentinos.

35 millones en coimas

En el amplio escrito en el cual la Justicia convoca a indagatorias, sobresalen 23 funcionarios de la gestión anterior. El listado es encabezado por Julio de Vido, ministro de Planificación de Cristina; su segundo, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión), Pablo Campi (director de Asuntos Jurídicos), Rafael Llorens (subsecretario Legal), José López (secretario de Obras Públicas), Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (secretarios de Transporte) y Manuel Vázquez, asesor de Jaime.

Todos supieron estar bajo la órbita del ministerio de De Vido, a la vez que también fueron citados a indagatoria funcionarios del área Legales del Ministerio de Economía en el gobierno cristinista.

"Concretamente, y en lo que se refiere a la República Argentina, surge del documento que entre los años 2007 y 2014, Odebrecht ordenó que realizaran pagos en concepto de sobornos por más de u$s 35 millones a intermediarios, sabiendo que dichos desembolsos tenían como destino final a funcionarios públicos argentinos. Varios de esos pagos estaban vinculados, al menos, con tres de los proyectos de infraestructura de los que Odebrecht obtuvo ganancias por u$s 278 millones", se indica en el escrito firmado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde se ordenan las indagatorias, tomando como base la propia confesión del grupo Odebrecht ante la Justicia de los Estados Unidos.

La operatoria de los pagos, según intenta reconstruir la Justicia, se habría realizado mediante sumas enviadas por empresas fantasmas de Odebrecht en el exterior a otras cuentas offshore en paraísos fiscales, presuntamente vinculadas con funcionarios. "Entre los años 2011 y 2014, la empresa, a través de la División de Operaciones Estructuradas, realizó pagos por un total de u$s 2.9 millones a un intermediario a sabiendas de que él los entregaría a los funcionarios del gobierno argentino", se indica en el escrito.

"Asimismo, surge del documento que entre enero de 2011 y marzo de 2014, Odebrecht concretó pagos adicionales por sobornos a través de la División de Operaciones Estructuradas por un total de u$s 500.000 a cuentas privadas, según lo solicitaba el intermediario, siempre a sabiendas de que dichos pagos serían dirigidos a los funcionarios del gobierno argentino", se agrega.

"Servicios de consultoría"

Además de la investigación de las coimas, la Justicia señala irregularidades en la licitación en la cual Odebrecht se alzó con la licitación del Sarmiento, a saber: no se cumplieron los plazos del llamado, se modificó el pliego de bases, se designó el Comité de Evaluación luego de presentadas las ofertas, etc. En diversos allanamientos a empresas involucradas se detectaron recibos y facturas usados para generar la maniobra, que consistía básicamente en hacer pasar los sobornos como "servicios de consultoría".

"Se registraron pagos efectuados por Iecsa S.A. a Caesa S.A. a partir del 13 de diciembre de 2005 hasta el 1° de septiembre de 2009 por un monto total de setecientos treinta mil trescientos sesenta y tres pesos con dieciséis centavos ($730.363,16) o 223.694,68 dólares", según el tipo de cambio de la época, se lee en el expediente judicial. Iecsa era una de las adjudicatarias de la obra, y propiedad en su momento de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Por su parte, la empresa Comsa S.A. realizó pagos a Caesa, en el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2007 al 10 de diciembre de 2009, por un total de doscientos sesenta y tres mil noventa y siete pesos con cincuenta y seis centavos ($263.097,56) o 76.282,68 dólares.

Comsa era otra de las adjudicatarias de la obra y Caesa, que recibía los fondos, era la empresa donde se desempeñaba Manuel Vázquez, asesor del funcionario Ricardo Jaime. "Se estableció -indica el juez- que Manuel Vázquez ejerció el cargo de asesor ad honorem de gabinete de la Secretaría de Transporte y fue designado por el propio Ricardo Jaime, mientras se encontraba a cargo de esa repartición. Cargo que desempeñó desde el 31 de enero de 2005 hasta el 31 de julio de 2009".

La trama recién comienza a develarse y los próximos meses prometen nuevas revelaciones. Las posibles condenas complicarían aún más a varios de los funcionarios de Cristina ya detenidos por otros casos.