Jueces de la Corte y legisladores buscan crear condiciones para que menos chicos vayan a institutos penales con un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción y que tiene el objetivo de aclarar cómo se deben tratar los casos de menores de 18 años en conflicto con la ley.

El cinco de abril la Cámara de Senadores de Salta aprobó por unanimidad al régimen de responsabilidad penal para niñas, niños y adolescentes, una iniciativa que impulsó la Corte de Justicia de Salta y que ahora deberán tratar los diputados.

En el artículo 13, el proyecto define cómo debe proceder el juez a cargo del caso si hubiese peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En primer lugar se deberá tratar de mantener al chico en su núcleo familiar bajo la responsabilidad de un miembro mayor de edad. En caso de que no fuera posible o resultara inconveniente, se deberá confiarlo a otra persona -familiar o no- para que permanezca bajo su supervisión y responsabilidad. La tercera opción es derivarlo a un instituto especializado.

El alojamiento en instituciones, según la iniciativa, deberá ser una medida "de último recurso, cuando no exista otra menos gravosa para evitar el peligro procesal y se estime que se impondrá una pena de cumplimiento efectivo".

De esta manera, la norma busca plasmar en la práctica lo que ya debería aplicarse de acuerdo a tratados internacionales con rango constitucional en Argentina: que el encierro sea la última alternativa de tratamiento para la rehabilitación de un chico en esta situación.

Además, el texto establece propuestas socioeducativas para los adolescentes. También determina que se podrán adoptar medidas urgentes de protección de derechos y resguardo de los niños sometidos a su competencia, que estén en un contexto de vulnerabilidad o desprotección.

Investigación

El proyecto crea la figura de un fiscal penal juvenil, quien dirigirá la investigación penal preparatoria y establece que se deberá realizar un examen multidisciplinario a los niños involucrados en el proceso. Fundamentalmente, la iniciativa busca agotar otros recursos antes de resolver el alojamiento en un instituto.

El proyecto plantea que los jueces penales juveniles ejercerán las funciones del juez de garantías. En el artículo 20 se establece que los juicios se realizarán a puertas cerradas y deberán tomarse todos los recaudos para preservar la salud física y psíquica de los chicos.

El senador Diego Pérez, de la Comisión Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, que dictaminó el proyecto, manifestó a El Tribuno: "Principalmente la reforma significa dotar al régimen procesal penal de menores de una ley propia que lo determine y rija".

El proyecto tiene por principal finalidad "proteger cabalmente todos los derechos y garantías que se consagraron para menores en las distintas normativas y que realmente se apliquen efectivamente a lo largo del proceso".

El senador consideró que uno de los principales cambios será que la investigación estará a cargo del fiscal penal juvenil. "Si se reúnen los elementos suficientes para procesarlo, se eleva. Solo el juez penal juvenil decide sobre la responsabilidad o no del menor y todo lo referente a su libertad y propiedad o intimidad", detalló.

El Ministerio Público Pupilar intervendrá en todas las actuaciones que involucren un niño, niña o adolescente.

Por su parte, el senador José Ibarra expresó que la finalidad "es proteger y resguardar a los niños y adolescentes en conflicto con la ley a través del debido proceso, que no vulnere sus derechos y garantías".

Ibarra destacó que los diputados provinciales deberán ahora "plantear las modificaciones que consideren necesarias y convertirlo en ley".