El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Plée, solicitará hoy que se vuelva a disponer la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que se ordene la detención de Ricardo Echegaray.

Asimismo, pedirá que se vuelva a la acusación por defraudación al Estado y que respondan con su patrimonio cada uno de ellos por $ 17.000 millones.

El escrito que presentará es para que los jueces lo consideren cuando resuelvan, dentro de los próximos cinco días hábiles, la situación de los acusados.

Hoy a las 11, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, escucharán a los dueños del Grupo Indalo y al ex titular de la AFIP.

El juez Julián Ercolini, el 19 de diciembre pasado, los procesó por defraudación al Estado, agravada por ser en perjuicio de la administración pública.

Fue allí que dispuso la prisión preventiva del empresario K y su socio, acusándolos de violar las medidas cautelares impuestas al intentar vender el Grupo Indalo cuando se encontraba inhibido.

Pero el 16 de marzo la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, decidió excarcelar a López y De Sousa y modificó la calificación: quedaron, junto a Echegaray, acusados de retención indebida de tributo, lo que se podría subsanar con el pago de la deuda. Además, redujeron el embargo a $  8.945 millones.

Ante esta situación, que generó denuncias públicas, la intervención de la Corte Suprema y la apertura de una investigación en el Consejo de la Magistratura, el fiscal Germán Moldes apeló esta medida ante la Cámara Federal porteña, pidiendo no sólo que vuelvan a prisión sino que también quede detenido el ex titular de la AFIP.

Así, la causa llegó a la Cámara de Casación -máximo tribunal penal del país- y allí, el fiscal de dicha instancia, Raúl Plée, sostendrá el reclamo de Moldes y reclamará hoy, una vez finalizada la audiencia, que Cristóbal López y De Sousa vuelvan a la cárcel, que sean acusados nuevamente por defraudación y que se les trabe, al igual que a Echegaray un embargo de $ 17.000 millones a cada uno.

Además, la Casación deberá resolver también la apelación de la AFIP, que es la querellante y denunciante en esta causa, que pidió que se vuelva a la acusación dictada por Ercolini.

En esta causa, se investigó la millonaria deuda que Oil Combustibles SA -principal activo de Indalo-, generó con el fisco durante el último gobierno de Cristina Fernández. López y De Sousa no pagaron el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y esto generó una deuda de $ 8.000 millones (con intereses y punitorios más otras deudas, la AFIP reclama a la fecha $ 21.000 millones).

Según la Justicia, el empresario K utilizó esos fondos para financiarse y adquirir nuevas compañías, con fondos que debían ir al Estado.

El juez que los liberó solicitó una licencia

El camarista federal porteño Jorge Ballestero pidió ayer  una licencia de 20 días por razones de salud, tras haber sido denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito ante el Consejo de la Magistratura, luego de la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. 

Ballestero no concurrió ayer a su puesto en la Sala I del Tribunal de Apelaciones y, según revelaron fuentes judiciales, analizaría jubilarse luego de esta licencia, que ya le fue concedida. 

Ballestero concurrió a un control médico ayer, donde -según trascendió-, recibió una advertencia médica y luego formalizó el pedido de licencia inmediata. 

Ballestero y Farah firmaron de manera conjunta el fallo que concedió la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Tras esa decisión, fue denunciado por la diputada Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que la Corte Suprema de Justicia pidió que se investigue cómo fue designado Farah, de la sala II, para desempatar ante la falta de acuerdo de Ballestero y su colega Leopoldo Bruglia.