Detenido, inhibido y embargado, el otrora poderoso empresario patagónico Cristóbal López sumó un nuevo frente a su cartera de problemas. Uno de los frustrados compradores del Grupo Indalo le pidió a la Justicia que decrete su quiebra personal, mientras le reclama decenas de millones de pesos.

El reclamo lo presentó el abogado Santiago Dellatorre, quien desembarcó en el holding junto al financista Ignacio Rosner, en octubre del año pasado, con promesas de inversiones y negocios millonarios, pero que debió marcharse a fines de marzo, cuando López salió de la cárcel tras un fallo de la Cámara Federal porteña e intentó recuperar el timón de su holding.

El pedido de Dellatorre quedó en manos de la jueza María del Milagro Paz Posse, a cargo del Juzgado en lo Comercial N° 19, pero de inmediato lo remitió a su colega Javier Cosentino, quien tramita en su Juzgado los concursos de la petrolera Oil Combustibles y otras empresas en problemas del Grupo Indalo.

El pedido de quiebra podría echar algo de luz sobre cuál es la verdadera situación patrimonial de López, uno de los empresarios de mayor crecimiento durante el kirchnerismo, con el que quedó asociado como el también patagónico Lázaro Báez , o Ernesto Gutiérrez y los Eskenazi, entre otros.

El pedido de quiebra podría, en particular, ayudar a determinar los bienes, fondos y otros activos que López tiene en el país o en el exterior, como así también sus deudas, más allá del Grupo Indalo o Casino Club, que durante años fueron sus dos principales fuentes de ingresos.

Sin embargo, Dellatorre no logró aún avanzar contra López, porque Cosentino rechazó quedarse con su pedido de quiebra, al considerar que no había "razones de conexidad, ni de economía procesal", como así tampoco de "conveniencia". Por eso, le devolvió el expediente a su colega, que a su vez reafirmó su rechazo a tramitarlo.

"Considero que no puede soslayarse, por circunstancias que son de notorio y público conocimiento, que el presunto fallido [por López] se encuentra involucrado con las empresas concursadas [del Grupo Indalo] ante el mencionado tribunal", indicó.

En ese contexto, la jueza giró el expediente con el pedido de Dellatorre a la Cámara de Apelaciones, donde los integrantes de la Sala C definirán cuál de los dos jueces deberá tramitarlo.

Dellatorre le reclama a López decenas de millones de pesos, en momentos en que el empresario patagónico volvió a prisión, se encuentra inhibido y embargado, y con el holding al borde del colapso, mientras que la Justicia investiga la fallida reconversión del Grupo Indalo en el Grupo Ceibo.

¿Traspaso fraudulento?
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi busca determinar si López, De Sousa, Rosner y Dellatorre intentaron una maniobra fraudulenta para completar esa venta a pesar de la inhibición general contra los empresarios patagónicos que había dispuesto su colega Julián Ercolini.

Para eso, Martínez de Giorgi ordenó allanar las oficinas de Rosner y Dellatorre, en la Avenida del Libertador al 600, y llevarse la documentación respaldatoria de esa operación, como así también en la sede central del Grupo Indalo, en la Avenida Leandro N. Alem al 800, ambos de la ciudad de Buenos Aires.

A esos allanamientos se sumó un tercero operativo, el mismo día, en otro de los frentes judiciales que sobrelleva Cristóbal López. Fue en el Juzgado de Ejecución N° 1 de Comodoro Rivadavia, a cargo de Gustavo Toquier, por las sospechas que rodean al acuerdo preventivo extrajudicial (APE) que concedió años atrás, en pleno auge del kirchnerismo, a otra empresa del holding, Alcalis de la Patagonia, en presunto perjuicio del Estado.