En una breve nota ante el ministro Germán Garavano, el camarista Jorge Ballestero presentó su renuncia en medio de la licencia médica que había pedido. Así, la Sala que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa quedó desintegrada a una semana y media que los dueños del Grupo Indalo, tuvieron que regresar a prisión tras un fallo de la Cámara de Casación.

El juez Ballestero no adujo ningún motivo personal en su renuncia, sólo manifestó que deja su cargo en la Cámara Federal porteña. La renuncia es a partir del 1 de junio.

Dos semanas después que el Consejo de la Magistratura aprobara el traslado al juez Eduardo Farah que votó por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, el otro juez que acompañó esta decisión, Jorge Ballestero, se tomó una licencia médica de veinte días y presentó este miércoles su renuncia.

Los dos camaristas investigados por la resolución que liberó a los dueños del Grupo Indalo, ya dejaron así, sus respectivos cargos en la Cámara Federal porteña que quedó provisoriamente, con dos jueces, Leopoldo Bruglia (Sala I) y Martín Irurzun (Sala II).

Eduardo Farah pidió hace semanas, ante el Consejo de la Magistratura, su traslado en preferencia a un Tribunal oral Federal de San Martín. Como allí la vacante aún no se generó, ya que se espera que se apruebe el pliego del juez Daniel Petrone para integrar la Cámara de Casación. Hasta que ello ocurra, el camarista solicitó ir al Tribunal Oral Penal Económico 1.

 
Esto fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y Farah está a la espera del Decreto del presidente Mauricio Macri para materializar su traslado.

La sorpresa en Comodoro Py fue la decisión del otro juez que liberó a López y a De Sousa. Jorge Ballestero, renunció este miércoles y presentó un breve escrito ante el ministro de Justicia Germán Garavano.

El Gobierno aceptará su renuncia y comenzará con "una renovación histórica en la Cámara de Apelaciones". En esta instancia es donde se revisan los fallos de los jueces federales y donde se decide sobre las causas más sensibles para el poder político.

En esta instancia, y con la Cámara federal sólo con dos jueces, se busca acelerar el nombramiento del juez del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi para que subrogue a alguno de los camaristas.​

Ballestero aún se encuentra haciendo uso de la licencia médica que tomó hace menos de veinte días, pero así y todo, decidió dejar su cargo con la jubilación -iniciada en 2017-, ya otorgada.

El camarista está denunciado por Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito con un patrimonio de 12 millones de pesos. Además la referente de Cambiemos sostuvo que los camaristas habrían cobrado sobornos para excarcelar al empresario K.

Si bien en principio planteó que la licencia respondía a "problemas de saluda" ya que tuvo dos intervenciones quirúrgicas en menos de una año en las que le colocaron un total de stent, la "presión política" sobre sus resoluciones, aceleraron el alejamiento de la Cámara, explicaron desde su entorno.

Los dos camaristas fueron denunciados tras su decisión de votar por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa donde se investiga la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) a la AFIP por 8.000 millones de pesos con la firma Oil Combustibles SA.
Los dos jueces, además votaron por modificar la calificación de la acusación. El juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita determinaron que se trataba de una defraudación al Estado con un embargo de 17.000 millones de pesos, mientras que los jueces de Cámara determinaron que se trató de una retención indebida de tributo. La medida cautelar se redujo a 8.945 millones de pesos.

A raíz del fallo, la Corte pidió que el Consejo de la magistratura investigue presuntas irregularidades en la confirmación de la Sala de Cámara, ya que el juez Farah tuvo que desempatar entre el camarista Leopoldo Bruglia que se oponía liberal a Cristóbal López y Ballestero con una postura contraria.

Además, hace dos semanas la Cámara de Casación con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, revocaron el fallo de Ballestero y Farah. No sólo volvieron a acusarlos por defraudación y a embargarlos por $ 17.000 millones, sino que ordenaron la "inmediata detención" del empresario K y su socio.