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JUSTICIA

24 de mayo de 2018

Cristóbal López llamado a indagatoria por lavado de dinero

Por: Por:Redacciòn FM Fleming con informaciòn de Agencias

El juez Sebastián Ramos llamó a indagatoria a Lázaro Báez y a Cristóbal López en una causa en la que son investigados por lavado de dinero.

El juez Sebastián Ramos llamó a indagatoria a Lázaro Báez y a Cristóbal López en una causa en la que son investigados por lavado de dinero a raíz de una operación de compra venta de un enorme terreno en la localidad de Comodoro Rivadavia. La última documentación secuestrada por el magistrado corroboró los montos involucrados, las superficies de los lotes y una serie de irregularidades que rodean las maniobras millonarias.

La justicia analiza un expediente que secuestró en la municipalidad de Comodoro Rivadavia y otros papeles que la semana pasada se llevó de una Cooperativa que también intervino de la operación comercial. Con esas pruebas, interrogará al socio de López Fabián de Sousa el 14 de junio, a Cristóbal el 15 y a Báez el 16 de junio.

Los dueños del Grupo Austral y del Grupo Indalo son investigados conjuntamente por "sucesivas compraventas de un inmueble emplazado en la ciudad de Comodoro Rivadavia". Se trata de unos 3.200 metros cuadrados ganados al mar, que las firmas “Servicio Integral Alem” (de Báez) e “Inversora M&S" (de López) comercializaron entre ellos en lo que para la Justicia es una "clara maniobra de lavado", indicaron fuentes de la causa a Clarín.

 

En sus comienzos la causa se centró en la propiedad, que costó a Báez 800.000 pesos y que al dueño del Grupo Indalo se le vendió por un millón de dólares. Pero el objeto de la investigación se amplió, complicando a ambos empresarios K con el ingreso de documentación clave al juzgado: "un expediente que muestra que la maniobra fue aún por más dinero".

Recientemente, el fiscal Gerardo Pollicita amplió la imputación contra López y Báez, al detectar que el terreno investigado "es de una superficie aún mucho mayor a la denunciada". Sobre el terreno ahora se levanta un imponente shopping y hotel.

¿Cómo fue la operación cuestionada? En Comodoro Rivadavia -de donde es oriundo López- se realizaron sucesivas compraventas “en escasos meses de diferencia, con sobrevaloración exorbitante de un inmueble”, había denunciado la ex diputada Margarita Stolbizer y confirmó el juez Ramos con el avance de la instrucción.

Se trata de un gran terreno ganado al mar identificado como “Lote 1 de la manzana 61 A”, que cuenta con una superficie de 3.200 metros cuadrados, y otro terreno adyacente con un valor superior a los 2,5 millones de dólares. El inmueble perteneció inicialmente a Servicios Integrales Alem SRL, una firma de Lázaro Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.

"Se simuló una venta con precios exorbitantes para blanquear fondos, mientras ambos eran contratistas del Estado",indicaron fuentes de la causa.

A fines de marzo de 2014, los socios de Servicio Integral Alem -Báez es dueño del 95% de las acciones y Jorge Bringas del 5% restante- firmaron un acta para aprobar un acuerdo con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. A través del convenio, la intendencia le permitió a Báez comprar el lote de una forma particular: el Ejecutivo local cedió el lote a cambio de la pavimentación de una calle la ciudad chubutense. En total eran dos cuadras, que fueron cotizadas por 875.454 pesos.

 

El terreno, según corroboró el juez, se entregó a cambio de estos trabajos a una empresa que no se dedicaba a la obra pública “ni tenía los recursos materiales y humanos para realizar la pavimentación de una calle”.

Sólo un mes después, en abril de 2014, los dueños de Integral Alem SRL, acordaron ceder los derechos sobre el inmueble,argumentando que necesitaban fondos para “las actividades de la empresa”.

En junio de ese año apareció en la operación López. La firma Inversora M&S SA (investigada por no pagar a la AFIP junto a Oil Combustibles 8.000 millones de pesos), compró el terreno por un millón de dólares. El pago inicial fue de 600.000 dólares y el saldo debía pagarse a los seis meses, o cuando el municipio entregara el título de propiedad definitivo.

El escribano que certificó la operación fue Ricardo Leandro Albornoz, que se encuentra procesado con López y Báez por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces.



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