El oficialismo buscará abrir mañana la discusión en el Senado sobre el pedido judicial de desafuero de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, acusada de encubrimiento en el marco de la causa por el atentado a la AMIA, durante una reunión de los jefes de los bloques políticos.

La reunión de Labor Parlamentaria fue convocada para las 12 con el objetivo de "resolver el modo de cómputo de días previsto para el tratamiento del pedido de desafuero", según la nota de la Presidencia del Senado enviada a todas las bancadas.

En caso de no arribarse en el ámbito de la comisión a una "interpretación de común acuerdo" sobre los días que deben computarse para definir el pedido del juez Claudio Bonadio de desafuero de la ex jefa del Estado, la Presidencia de la Cámara alta fijó para mañana mismo, pero a las 18, la convocatoria a una sesión especial para dirimir la cuestión.

"Hay una discusión respecto a si corresponde computar los días hábiles o los días corridos ya que la ley marca que a los 180 días de ingresar el pedido lo debe tratar el pleno. Pedimos sesión pero también pedimos que Labor determine si se trata de días corridos o hábiles", explicó el jefe de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni.

Schiavoni añadió que, si se acuerda que se trata de días hábiles, habrá más tiempo para debatir el pedido de desafuero y aceptó que el oficialismo necesita de un acuerdo para sesionar ya que no posee quórum propio. "No tenemos posibilidad de hacer quórum; necesitamos el concurso de los otros bloques", remarcó.

El viernes pasado, el mismo día en que un fallo de la Cámara Federal avaló la hipótesis del homicidio de Nisman y consideró que el hecho fue "directa consecuencia" de la denuncia que había realizado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia, el oficialismo del Senado hizo público un pedido de sesión especial para esta semana, antes del jueves, fecha en la que expiraría el plazo del pedido de desafuero si se contaran días corridos. 

De acuerdo con la Ley de Inmunidades, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara tiene sesenta días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para emitir dictamen.

En el caso de la senadora Kirchner, ese plazo se cumplió en marzo y la comisión encabezada por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera no debatió la cuestión y, por lo tanto, no emitió opinión al respecto.

Según la legislación, si la Comisión no se expide sobre el pedido de la justicia, la Cámara tiene 180 días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para debatir la cuestión en el pleno del recinto.

Según fuentes del interbloque Cambiemos, esos seis meses se cumplirán el jueves 7 de junio.

Por eso, el pedido de sesión especial, firmado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff; el macrista Schiavoni y los radicales Pamela Verasay y Oscar Castillo, reclama que la cuestión sea debatida antes de ese día.

Si el tema no se define en el plazo previsto en la ley, el pedido de desafuero quedaría sin validez y el juez debería enviar uno nuevo.

Para lograr quórum en una eventual sesión especial, Cambiemos debería sumar otros doce legisladores a los 25 que integran el interbloque, y necesitaría los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes para desaforar a la ex Presidenta.

El peronismo, con 24 integrantes, ya avisó, cuando el pedido desafuero de Bonadío arribó al Senado el 27 de febrero, que el desafuero sólo es procedente ante una sentencia firme, posición que defendió ayer el ex mandatario Eduardo Duhalde.

El presidente provisional de Senado, Federico Pinedo, advirtió el pasado sábado que lo que debe discutirse "es si es razonable o no el pedido" del juez "de meter presa a la ex presidenta" con el argumento de que podría perjudicar la investigación del supuesto encubrimiento de la AMIA mediante el memorándum con Irán.

La ex Presidenta denunció ser víctima de una persecución política en la que involucró no sólo al Gobierno sino también a la Justicia, a raíz de la acusación por presunta "traición a la Patria" que pesa en su contra a raíz de haber firmado durante su gestión el Memorándum de Entendimiento con Irán, que fuera declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Casación Penal.