El Gobierno dio este año un paso de dudoso rédito al subirles el gas a los hogares: aunque asumió el costo político de un tarifazo, no obtuvo los beneficios económicos que esperaba cosechar con la medida. Así se desprende de los últimos números del presupuesto.

La presidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el de Planificación, Julio De Vido, insistieron en varias oportunidades este año en que desplegarían un plan progresivo para reducir subsidios (De Vido lo hizo por última vez anteayer). Se trata de transferencias para abaratar el precio final que pagan los usuarios por la luz, el gas y el transporte, principalmente. Hasta ayer, sin embargo, el presupuesto disponible para programas destinados a financiar la importación de combustibles para las centrales eléctricas, otorgarles un beneficio a las petroleras que produzcan más gas, sostener a Aerolíneas Argentinas y mantener los precios del pasaje de tren y de colectivos era de $ 132.181 millones.

El número es mucho mayor que el esperado: está 114% por encima de lo que el Congreso autorizó para esos rubros (aprobado en la ley de presupuesto) y es 128% más que la erogación de todo 2013. Con dos agravantes: no contempla las partidas para Enarsa (hasta junio había utilizado $ 21.000 millones, pero las últimas cifras no están desagregadas). Y podría crecer aún más en lo que resta del año, ya que el jefe de Gabinete puede reasignar partidas para ajustar a su gusto el gasto, como lo hizo hasta ahora.

El mayor peso sobre las cuentas públicas fueron los subsidios a la luz, que el kirchnerismo intentó sin éxito limitar en varias ocasiones. Es el mayor programa destinado a subvenciones y atiende a Cammesa (funciona bajo el nombre Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica), la responsable de importar combustibles para las centrales eléctricas, que sufren la escasez de gas. Hasta ayer tenía un presupuesto de $ 78.841 millones, 133% más que el número original y el doble que el gasto de 2013. Es un programa crucial para el Gobierno. La mayor parte de esa cuenta se paga en dólares y les pone presión a las reservas del Banco Central, por lo que su crecimiento es una mala noticia para Economía (para los especialistas es la principal responsable del cepo cambiario, ya que la restricción a la venta de dólares, el giro de dividendos y las importaciones se usan para reservar divisas para atender las compras al exterior).

Desde su llegada al Gobierno, Kicillof ensayó alternativas para achicar la cuenta. Una de ellas fue la creación de un subsidio a las petroleras que aumenten la producción de gas. Con el nombre Plan Gas, fue el programa que más creció en porcentaje en el año: 302%, hasta los $ 19.500 millones. Les asegura a las empresas que cobrarán 7,5 dólares por millón de BTU (la unidad de medida) para su producción nueva. El monto original del presupuesto 2014 era de $ 4855 millones. Fue la gran apuesta para bajar las importaciones. Aunque el plan resultó bien a juzgar por su crecimiento, aún no se nota en las importaciones medidas en pesos ni en el esperado aumento de la producción, que es cada vez menor. Entre las principales beneficiadas está YPF.

Los ajustes de tarifas que Kicillof y De Vido anunciaron en la primera parte del año tenían por objetivo reducir esa cuenta. Aunque no se logró, los usuarios pagarán más. Desde agosto, un gran consumidor tucumano (tuvo los mayores aumentos) comenzó a pagar 765% más con respecto a marzo.

Tanto en el caso de la importación como del subsidio a las petroleras, el Gobierno se enfrentó a su propio embrujo: los montos a pagar en ambos casos están atados al dólar, que se encareció en comparación con el peso luego de la devaluación convalidada por la Casa Rosada en enero. Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein, apuntó que la depreciación del peso en los primeros nueve meses del año fue de 52%, por lo que se necesitaron más billetes para cubrir la cuenta. Y explica, además, que "a las generadoras se les paga un poco más por potencia, algo que no se pasó a la tarifa, y las distribuidoras [como Edenor y Edesur] se financian con Cammesa, que por eso requiere más fondos".