Después de la media sanción a la legalización del aborto, que pasó al Senado, diputados del radicalismo ahora apuntan sus cañones contra los salarios de los obispos: presentaron dos proyectos, uno para equipararlos al de un docente universitario, y el otro directamente para que el Estado deje de pagarles el sueldo, mediante la derogación de cinco decretos de la dictadura.

Esta última propuesta le pertenece al diputado radical Alejandro Echegaray, quien sostiene que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”.

“Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal 'sostiene el culto católico apostólico romano', esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”, indicó Echegaray, representante de la provincia de Buenos Aires.

Señaló que este apoyo económico del Estado argentino a la Iglesia Católica ya se implementa de diversas formas, como exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados, además de los sueldos de los obispos.

Decretos de la dictadura

Echegaray resaltó que las asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y el último por Reynaldo Bignone.

El primero es el decreto ley 21.540, que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

El segundo es el decreto ley 21.950, que establece una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

El tercero es el decreto ley 22.162, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

El cuarto, decreto ley 22.430, establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

Y el quinto, firmado ya por el dictador Bignone, es el decreto ley 22.950, que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

Millones de pesos para la Iglesia

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informara en la Cámara de Diputados de la Nación -a partir de una pregunta realizada por la diputada radical Carla Carrizo- que el Estado nacional destinará este año 130 millones en sueldos para la Iglesia Católica, Echegaray consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe ser revisado”.

Echegaray recordó las palabras del exarzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien señaló en relación con el sueldo que cobraba del Estado: “Los 40 mil pesos, creo que esa es la suma, los gasto en darle a los pobres”.

“Entonces, si ese es el fin, debemos tener en cuenta que la administración de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y demás reparticiones públicas pertinentes, que no sólo tienen la responsabilidad de dicho cometido público, sino además la obligación de rendir cuentas, obligación que no alcanza a los clérigos beneficiarios de dichos estipendios”, aseveró Echegaray.

A mediados de marzo, Peña respondió por escrito a una pregunta de la diputada Carrizo, indicando que los obispos diocesanos cobran $ 46.800 por mes; los obispos auxiliares, $ 40.950; los obispos eméritos, $ 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos, $ 46.800, igual que los obispos diocesanos.

La otra propuesta

También la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución Radical, presentó un proyecto que apunta a los sueldos de los obispos, pero en vez de eliminarlos pretende equipararlos a la remuneración de un docente universitario titular con dedicación exclusiva.

Ambas iniciativas fueron giradas a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto, que presiden los macristas Luciano Laspina y Cornelia Schmidt-Liermann.

“Ya le pedí a la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores que lo tratemos. Entiendo que no será en el brevísimo plazo. Pero con el cofirmante del proyecto, Fernando Iglesias (PRO), vamos a pelear para que se debata, independientemente de la suerte que vaya a correr”, le dijo Echegaray a Los Andes.

En las próximas semanas antes del receso de julio los diputados se abocarán al debate de un proyecto firmado por los líderes de Cambiemos, Nicolás Massot (PRO), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC), para la expropiación de más de 4.000 terrenos donde funcionan villas de emergencia, con el fin de otorgarles la titularidad de sus propiedades a sus habitantes. De modo que las propuestas de Echegaray y Carrizo podrían debatirse a partir de agosto.