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22 de octubre de 2014

Subastan el yate de un ex dueño de Aerolíneas Argentina

El precio de referencia del barco de Gerardo Díaz Ferrán es de 2,7 millones de euros.

 Subastan el yate de un ex dueño de Aerolíneas Argentina

Hasta hace tres años, el yate Leuqar III era uno más de los barcos de lujo que todos los veranos navegaba en las islas españolas Baleares. Sin embargo, este yate de 27 metros de eslora y casco de fibra de vidrio se hizo famoso por las peripecias judiciales que vivió en los últimos años, paralelas a las de su propietario, el ex presidente de la CEOE, socio de Marsans y ex dueño de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán.

La embarcación fabricada por el astillero italiano Ferreti lleva tres años varada en Barcelona por orden judicial, para evitar que la nave embargada terminase fuera de España. Ahora, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la sacó a la venta con la intención de obtener fondos con los que devolver parte de las deudas del empresario.

El tribunal autorizó el mandato para la venta a la firma valenciana Activos Concursales, especializada en subastas online de bienes procedentes de concursos y liquidaciones. La empresa ya abrió la subasta en su plataforma en Internet. Para valorar la embarcación, recurrió a una ingeniería naval que fijó el precio de referencia, 2,7 millones de euros, aunque no hay un límite mínimo para ofertar.

Eso sí, si las ofertas no cumplen unas expectativas mínimas, la administración judicial puede plantear otra subasta o buscar otras fórmulas de venta. El plazo para pujar en esta primera fase finaliza el próximo 4 de noviembre.

Si alguien desea comprar el yate y su problema es dónde dejarlo, el juzgado también subasta su antiguo amarre en la marina de Alicante, prácticamente a estrenar, valorado en 171.600 euros.

Díaz Ferrán, que ya fue condenado en algunas de las causa judiciales, bautizó su barco con el nombre de su mujer, Raquel, al revés. En 2010, la embarcación fue vendida a la sociedad Munari junto a varios coches, como un Rolls Royce Phantom, vinculada a otro de los imputados en las investigaciones, Ángel de Cabo, para evitar su embargo. Dos años después y ante las investigaciones, el intento se repitió e incluso cambió el nombre a Gihramar para traspasarlo a la empresa opaca de las Isla Vírgenes.

Aerolíneas Argentinas
La Audiencia Nacional española confirmó en mayo pasado la pena de dos años y dos meses de prisión a Gerardo Díaz Ferrán por el delito de defraudación contra la Hacienda Pública por u$s 135 millones correspondientes al impuesto de sociedades en 2001, en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet.

El motivo de no contabilizar los créditos en el ejercicio, resume la sentencia, “no es otro que la de ocultarlos al fisco”, por lo que la Audiencia confirmó la resolución dictada en diciembre por el Juzgado central de lo Penal.

La Audiencia Nacional rechazó los recursos interpuestos por Díaz Ferrán y por el ex consejero delegado de Air Comet, Antonio Mata, condenado a la misma pena, por lo que confirmó la resolución que dictó en diciembre pasado el Juzgado Central de lo Penal. 

El juez José María Vázquez Honrubia, titular de ese juzgado, afirmó en esa resolución que ambos empresarios concretaron esa defraudación utilizando fondos públicos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para salir de una compañía con “gravísimos” problemas económicos como Aerolíneas Argentinas.

La SEPI vendió a Air Comet el 99,2% de Interinvest, una sociedad domiciliada en la Argentina que a su vez era propietaria del 92,1% del capital de Aerolíneas Argentinas, y a la que Díaz Ferrán y Mata usaron como “pantalla” porque no tributaba en España.

El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI también aportó a Interinvest hasta u$s 300 millones para pagar a acreedores de Aerolíneas Argentinas, entonces en concurso de acreedores.

De ese modo, Air Comet se convirtió en titular de la deuda y pudo liderar las negociaciones del convenio, que terminaron en 2002 con una quita del 60%.

La Audiencia Nacional considera que “no hay duda” de que Air Comet no ingresó la cuota del impuesto de sociedades de 2001, por lo que “sus responsables legales” incurrieron en un delito fiscal. Además, concluyó que el delito no prescribió y que la “numerosísima documentación” evidencia “la maniobra de Air Comet”.



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