Fue antes de la detención de Gerardo Ferreyra, señalado en los cuadernos de la corrupción y uno de los mayores beneficiados con obra pública durante el kirchnerismo. Una semana antes de que detonara el escándalo por la "cartografía en prosa" sobre pagos y cobros de coimas por la obra pública durante el kirchnerismo, el ministro de Energía Javier Iguacel recibió en su nuevo despacho a Yang Wanming, el embajador de la República Popular China en la Argentina.

Era la primera vez que conversaban tras la remoción de Juan José Aranguren. Además de dialogar sobre el estado de las obras de las polémicas represas en Santa Cruz, financiadas por bancos chinos a un costo renegociado de USD 4700 millones, el diplomático le manifestó el interés de su país para avanzar en otros proyectos energéticos. Desde la explotación petrolera, a los de energías nucleares, fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica, en afinada sintonía con la matriz energética diversificada a la que aspira el Gobierno.

Recién después de las coincidencias, sobrevino lo inesperado: con mucho tacto, Iguacel fue directo al grano. Se refirió a los cuestionamientos que hace años pesan sobre uno de los tres socios de la UTE Represas Patagonia: Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están hoy presos, imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula K, según documentó en sus cuadernos el chofer y escriba Oscar Centeno.

Sería beneficioso para todos—le espetó, palabras más, palabras menos, Iguacel al diplomático— la salida de Electroingeniería del proyecto hidroeléctrico Condor Cliff y La Barrancosa. Tal vez—sugirió—, Gezhouba e Hidrocuyo podrían comprarle la parte del negocio a sus socios mediterráneos. Buscar una salida negociada para un jugador impuesto con fórceps por el ex ministro Julio De Vido; un delantero ubicuo en la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno y una presencia que en los próximos 6 u 8 años de construcción de las presas estaría, con justicia o no, posiblemente asociado a manejos opacos en una era de cambio.

Los términos contractuales de la UTE contemplan que si alguna de las socias locales cae, se retira o quiebra, la empresa estatal china es responsable solidaria de las obras. Sorprendentemente, nada se sabía entonces sobre el derrotero judicial de los cuadernos del ahora "arrepentido" Centeno.

Pero detrás de esa sugerencia firme y directa se escondía una ristra de argumentos de peso que Wanming conoce bien: el origen de una licitación indecorosa —adjudicada por USD 7000 millones en 2013 por José López a la asiática Gezhouba, asociada en un 54% del negocio hidroeléctrico con la empresa de Ferreyra (36%) e Hidrocuyo (10%)—; el antecedente imborrable de un contrato depurado por unos USD 1300 millones menos y ajustado técnicamente para que no produjera un descalabro ambiental en los glaciares. Todo ello sin contar que la mayor y más onerosa obra de infraestructura proyectada en las últimas cuatro décadas había sido adjudicada de la noche a la mañana en clara violación a las leyes de obras públicas. Hablar de desprolijidades es valerse de un eufemismo.

Muchísimo más abajo en la escala de "incomodidades" figuraba la enemistad manifiesta entre la empresa ultra K y el Gobierno: un tipo de fricción que el propio Ferreyra se encargó siempre de ventilar a los cuatro vientos a través de Twitter.

Por primera vez en cinco años de controversias se les pedía a los chinos que actuaran. Que sacaran a Electroingeniería del medio, de una hidroeléctrica en obra que hoy es la tercera más grande del mundo encargada a China. También, por su envergadura, el décimo proyecto de infraestructura que hacen los chinos fuera de su país. Wanming sonrió. Con templanza budista,  como suele suceder en estos casos, quedó en estudiar el tema. La relación entre los socios, según pudo saber Infobae, es buena. Las fuentes consultadas creen que los asiáticos no harán movimientos en falso hasta ver los alcances judiciales del megaescándalo, si es que efectivamente incide en el "fuero" de los negocios.

En el Gobierno hay lecturas contrapuestas: un sector cree que, de confirmar la Justicia el pago de coimas en la obra pública, una hipotética condena no alcanzaría a las empresas ni impugnaría obras en marcha. Sólo se ceñiría a los protagonistas.

Otros especulan con los alcances de un posible aunque más modesto Lava Jato vernáculo, siempre atado a la voluntad del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio —o de otros miembros del Poder Judicial— para abrir y ramificar la pesquisa a partir de nuevas pruebas y otros "arrepentidos". Pero Argentina no es Brasil ni el tándem Stornelli-Bonadio pueden equipararse a una unidad especial para investigar la corrupción como la que encabezó el juez Moro. También es cierto que nadie puede predecir cuál será el horizonte judicial que, además, puede insumir años para unir todos los presuntos cabos y perfilarse diáfano.

"Lo que no denunció penalmente Aranguren al revisar los desaguisados de la adjudicación de las represas durante la gestión de De Vido, difícilmente lo haga Iguacel, pues ya perdió corrida", dijo una fuente de Casa Rosada que sueña con la salida de Electroingeniería, "siempre que no se violen contratos".

El tema ha sido y es siempre delicado porque tocar a un socio local es molestar a los chinos, los principales compradores de soja y con ansias de expansión en inversiones en la Argentina, reconocen en el Gobierno.

Tanto en el Ministerio de Energía como del Interior quieren que las obras de las rebautizadas represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz marchen sin más obstáculos de los que han venido sorteando por años. Y a pesar de las polémicas ambientales que todavía generan, las juzgan como una pieza clave para nutrir el futuro esquema diversificado de la matriz energética. Las obras se reiniciaron a toda marcha en octubre pasado. Ya emplean 1500 de los 6000 puestos de trabajo proyectados y una vez concluidas las presas, con una potencia instalada de 1310 megawatts, generarán un 4% de la energía que consume el país.

Río Santa Cruz, donde la UTE conformada por la empresa estatal china Gezhouba, asociada a Electroingeniería e Hidrocuyo, construye el polémico complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa.Crédito:Twitter

Por si quedaban dudas, el mismo día en que estalló el escándalo de los cuadernos, en el Boletín Oficial se publicó la última resolución oficial para promoverlas. El Ministerio de Energía, a  través de su resolución 42/2018, las calificó como "Proyecto Crítico", lo cual supone, bajo los términos del artículo 34 de la Ley 26.422, la eximición de aranceles y tasas de importación para todos los insumos (chinos) que empleen las hidroeléctricas. Un claro abaratamiento de los costos que beneficia a los tres socios de la UTE, entre ellos Electroingeniería.

A contramano de la medida del Gobierno, fue Margarita Stolbizer la primera en cuestionar la continuidad de esas y otras obras. La aliada del Frente Renovador le propuso mediante una nota al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que suspenda preventivamente todos los contratos vigentes de las empresas mencionadas en los cuadernos de los sobornos. Le apuntó así a las represas patagónicas y también al gasoducto que la empresa de Ferreyra construye en Córdoba.

Embestida ambientalista

Pero los cuadernos de Centeno no solo agitan el avispero político. Refuerzan los argumentos del sector  medioambiental que hace más de cuatro años batallan sin tregua en los tribunales contra las hidroeléctricas. Mientras Banco de Bosques—una ONG fundada por el actual vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra— interpuso un per saltum para que sea la Corte Suprema la que dirima el conflicto de daños al ecosistema que plantean las presas, otra gravitante ONG intenta frenarlas. Los argumentos ahora son otros: la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental para el tendido eléctrico de 170 km que conectará a las represas y que, dicen, brilla por su ausencia.

FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Aves Argentinas interpondrán esta semana una medida cautelar en los tribunales Contencioso Administrativo para impugnar todo el proyecto hidroeléctrico. Los mueve la preservación del río Santa Cruz, el último que corre libre por suelo patagónico desde la cordillera hasta el Atlántico, pero también una cuestión política. "Toda esa obra faraónica surgió con licitaciones sospechadas de corrupción nunca investigadas, con empresas adjudicatarias sin antecedentes para la construcción de las represas, como es el caso de Electroingeniería y, encima, está seriamente cuestionada por especialistas desde el punto de vista ambiental", argumentó el director de FARN, Andrés Napoli.

Y agregó: "Nosotros sostenemos que como está la situación es inadmisible que el Gobierno siga adelante con una obra ejecutada por una empresa sospechada, cuyos fondos para la obra pueden haber tenido un origen absolutamente ilegal. Si yo fuera fiscal tiro de esa soga". Así las cosas, mientras la veracidad de los datos consignados en los cuadernos de Centeno buscan respaldo probatorio, en otro fuero se libra se libra una misma batalla: que los grandes proyectos de obras públicas cumplan con la letra chica que impone la Ley, argumentan. Ni coimas ni atajos, dicen ahora en este nuevo capítulo de las siempre controversiales represas.

El complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, de origen glaciar, fue bautizado durante el gobierno anterior como represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. La primera represa —renombrada Cóndor Cliff por Cambiemos— estará ubicada a 130 kilómetros de El Calafate, tendrá una potencia instalada de 950 megawatts, cinco turbinas y su embalse inundará 250 km2 de estepa, entre los que se encuentran campos adquiridos por Austral Construcciones, del ex zar Lázaro Báez.

La Barrancosa, en tanto, se ubica a 170 km de la ciudad Comandante Luis Piedra Buena. Contará con una capacidad instalada de 360 megawatts, tres turbinas y su espejo de agua será de 200 km2. Se construirán 170 km de una línea de alta tensión para vincular a las represas y conectarlas mediante cinco estaciones transformadoras al Sistema Argentino de Interconexión que transportará un equivalente al 4% del consumo energético del país.