El juez argentino Claudio Bonadio comenzó con los allanamientos de tres residencias de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner, tras ser autorizado por el Senado con el voto de hasta ella misma en el marco de una causa judicial que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicar la obra pública.

La notificación con la decisión favorable del Senado para allanar los domicilios de la expresidente, votada por unanimidad anoche, llegó esta mañana al juzgado, que ya envió combis hasta con perros capaces de oler dinero.

La vicepresidente Gabriela Michetti había informado el miércoles por la red Twitter que dada la hora tardía de la votación en el Senado, enviaría este jueves al juez la comunicación con el resultado de la misma.

A primera hora del jueves llegó al despacho del juez federal Claudio Bonadio el escrito que autorizaba la pericia, lo que le permitirá llevar a cabo dicho procedimiento.

La presidenta del Senado, Gabriela Michetti, había adelantado a través de su cuenta de Twitter que el pedido llegaría este jueves a Bonadio, debido a que la votación finalmente se llevó a cabo pasadas las 20 horas del miércoles. 

En tanto, se prevé que durante el transcurso del mediodía se realicen los operativos, que abarcan tres propiedades de la senadora: una en Recoleta, ubicado en Juncal y Uruguay; su vivienda de Río Gallegos, ubicada en la calle Mascarello, y la de El Calafate, en Padre de Agostini y Los Tehuelches.

Vale recordar que el Senado aprobó los allanamientos a los domicilios de la expresidenta luego de un debate con fuertes discursos y críticas de la actual senadora por la provincia de Buenos Aires al proceso judicial que la involucra.

No obstante, no prosperaron las condiciones que había solicitado la exmandataria, como que no hubiera cámaras en los allanamientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes: hubo 47 votos a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 a favor de incluir ese pedido.

La actual senadora quien cuestionó en su discurso los testimonios de los empresarios y ex funcionarios que se acogieron al régimen del "arrepentido" en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.