La AFIP y el juez federal Claudio Bonadio avanzan en forma conjunta en la investigación de aquellas empresas de la construcción que aparecen involucradas en la causa de los cuadernos de la corrupción. A pedido del magistrado, el organismo tributario está abocado al rastreo del origen del dinero que usaron los empresarios que admitieron que pagaron sobornos al gobierno kirchnerista para ganar licitaciones de obras públicas.

En rigor, la AFIP ya tenía desde hacía tiempo la mira puesta en el rubro de la construcción, donde ya ha detectado y denunciado casos de "facturación apócrifa" para la evasión de IVA y del impuesto a las ganancias.

Sin embargo, la revelación del escándalo sobre el pago de coimas durante el kirchnerismo, confesada por los propios empresarios arrepentidos, motivó una alianza táctica entre el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli , y el juez Bonadio para avanzar en el rastreo del dinero.

Hace unos días, el magistrado remitió al organismo tributario un largo oficio con nombres de personas jurídicas y físicas sospechadas en la causa.

Oficio en mano, la AFIP comenzó a realizar los cruces de información para verificar si, tal como sospecha, estas empresas utilizaron facturas apócrifas para poder pagar las coimas con dinero en negro. Una modalidad que, por caso, se utilizó en el caso que involucró a la empresa Skanska, y que implicaría la existencia de pagos hacia otras sociedades fantasma por bienes y servicios inexistentes.

La principal sospecha de la AFIP es que el dinero que se utiliza para este tipo de pago en negro tiene dos tipos de movimientos internos. El primero es la facturación de servicios inexistentes de consultoría o afines, con el objetivo de generar gastos.

El dinero de los honorarios de estos servicios se liquida bajo el esquema de facturas truchas de sociedades creadas ad hoc, las que luego de recibir el dinero lo derivan a otras cuentas o directamente salen del circuito financiero.

Otro mecanismo de blanqueo de dinero es la existencia previa de usinas de dinero en negro (muy común en la construcción) que directamente se van reservando en cajas paralelas y son empleadas para el momento de utilizar el efectivo.

Fuentes de la AFIP afirmaron que todavía es muy pronto para saber qué multas o penalidades pueden caberles a los empresarios involucrados en este caso.

Sin embargo, adelantaron que, de comprobarse el delito de evasión fiscal, podrían cuadruplicar el valor del impuesto evadido.

"Todas estas empresas presentaron declaraciones juradas tributarias ante la AFIP y ahora resulta que admiten ante la Justicia que en realidad tenían dinero negro, por fuera de sus balances, que utilizaron para pagos ilegales", explicó un consultor tributario.

"Con esas confesiones, la AFIP tiene ahora que revisar todos sus números y aplicarles un 35 por ciento de alícuota, por el impuesto a las ganancias que no pagaron por esos fondos en negro, más otro 35 por ciento de multa. Es decir, un 70 por ciento. Una fortuna", agregó.

El efecto dominó debería llegar más lejos. Porque las empresas y sus máximos responsables afrontarán también la apertura de investigaciones por evasión agravada en el fuero penal económico, dado que los montos de las coimas que confesaron superan el umbral fijado por la ley para abrir esas investigaciones.

Fuentes de la AFIP negaron, en tanto, que los empresarios arrepentidos puedan perder los beneficios del blanqueo impositivo si efectivamente se acogieron a este beneficio, que finalizó el 31 de marzo del año pasado.

Según explicaron, la ley aprobada en 2016 establece que ninguna persona procesada podía acogerse al blanqueo impositivo; solo habilitaba el ingreso de manera "condicional" a aquellas personas con causas abiertas, pero sin un procesamiento dictado por la Justicia. Si finalmente esa persona resulta procesada, pierde todos los beneficios del blanqueo.

"El escándalo de los cuadernos es posterior -explican en la AFIP-. Para que una persona pierda los beneficios del blanqueo, el procesamiento debe darse en una causa preexistente".