Se estima que los potenciales compradores mostrarán su interés en la segunda subasta que se haría dentro de un mes, cuando el precio de base baje un 25%.

Ricardo Alejandro Sánchez, martillero a cargo del remate, aseguró que el precio está muy bien puesto: “Incluso vale más… es una radio que llega a todo el país. No sólo por su historia sino por el número de repetidoras que tiene” pero, además del símbolo que representa para la radiofonía argentina, ¿cuál es esa historia? Como contó Javier Díaz, actual director periodístico y artístico de la emisora, “por más de 20 años, la radio fue propiedad de la familia Cetrá, quienes la llevaron a la quiebra. Por años pagaron los sueldos en cuotas... un poco los viernes, otro poco otro día. Finalmente los embargaron e inhibieron. Pero aun así lograron vender todo a los hermanos Whpei, en julio de 2016, con una deuda al personal de cinco meses de sueldo. Además tenían deudas con la AFIP, con la luz, el gas, con todo”.

“Los hermanos se hicieron cargo en septiembre de 2016. Por primera vez en 18 años la gente empezó a cobrar el sueldo entero los primeros días del mes. Sin embargo, la gestión anterior todavía debía esos cinco sueldos”, detalló Díaz, y siguió: “Por eso, después de muchas instancias en las que el juez pidió a los Cetrá que al menos acercaran una propuesta para disminuir la deuda, la AFIP terminó solicitando la quiebra, el 2 de octubre de 2017. Se justifica a través de la Sindicatura con el argumento de que la venta a los Whpei no había sido real”.

Ahora es cuando el relato se pone pantanoso. Explica Díaz: “De algún modo había sido una venta fraudulenta. Si tenés inhibidos los bienes obviamente no podés venderlos. Si fue un negociado o no, no sé… pero los hermanos se fueron en noviembre pasado. La licencia, al fin y al cabo, no era de ellos”.

Ante la pregunta por el precio, una persona que se encontraba en el recinto, largo su carcajada y seguida de su risa fue imponente: “El que hoy tiene 12 millones de dólares se sienta arriba de la guita y espera”. “¿Volverá en la segunda ronda?”, le preguntan  “Y… va a ser un 25% menos. En realidad, más bien esperamos a la tercera ronda, cuando baje a la mitad”.

Cabe aclarar que, por fuera de la instancia del remate, cualquier interesado podría aparecer (ahora mismo, mañana, en un par de semanas) en el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº25, que lleva la causa, y ofrecer un monto equis por la radio. ¿Por qué haría eso? Por especulación, o sólo para evitar la presión que representa una subasta.

Esa segunda instancia de compra, se llama “advenimiento”. Se trata de una figura a la que apeló, a mediados de este año, “el fallido” o “sujeto de quiebra”, es decir, la familia Cetrá, y por la cual se suspendió una primera subasta prevista para julio pasado.

El objetivo del advenimiento era ganar tiempo. Y de hecho, el juez accedió a dar una prórroga hasta el 13 de agosto, con la condición de que se fueran cumpliendo una serie de requisitos: básicamente, pagar la deuda. Hablamos de un activo de unos 400 millones de pesos. La familia Cetrá incumplió los requisitos y por eso este jueves a la mañana se intentaba rematar la radio.

Pero nada es tan simple cuando uno pasa más de cinco minutos entre los actores de una película: los rumores apuntan a una participación muy activa de parte de abogados del grupo Vila-Manzano, históricamente interesados en esta emisora.

Se habla de intentos, de parte de esos abogados, de cubrir los requisitos impuestos en el advenimiento, y también, de haber puesto un pie adentro de la radio, donde lograron establecer acuerdos con buena del staff de empleados. Sólo once empleados se habrían negado a firmar el acuerdo con el grupo Vila, y por eso las negociaciones están estancadas.

Los rumores van para todos y contra todos, incluso, la Sindicatura, que está administrando la emisora en un momento en que, aunque “la pauta publicitaria funciona muy bien” (dijo una fuente relacionada a la emisora), increíblemente no genera dinero para pagar los sueldos”.

De hecho, ya hay una denuncia penal por “abuso de autoridad” y “mal desempeño de los deberes de funcionario público” hacia dos de los contadores de la Sindicatura que aterrizaron en Rivadavia. La causa recayó en el Juzgado Federal número 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y la Fiscalía de Franco Picardi.

Como resumió alguien en esa sala judicial del barrio del Abasto, “no estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos”.