Las adjudicatarias de obras públicas que están implicadas en causas por corrupción podrán seguir adelante y participar en licitaciones, a condición de apartar a los ejecutivos involucrados y cumplir códigos de buena conducta, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

La normativa, dictada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, implica que esas firmas podrán seguir participando en licitaciones y en el programa de Participación Público Privada (PPP).
 

Pero deberán excluir a los directivos condenados o arrepentidos en causas por por corrupción y cumplir con programas de "integridad", con códigos de buena conducta y mecanismos internos de denuncia de irregularidades o ilícitos.

La resolución 27/2018 aprueba los "lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento" de los artículos 22 y 23 de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.

"Todas las empresas que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por este tamiz de control", subrayó el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, en declaraciones publicadas hoy por la prensa.

El funcionario confirmó además que las compañías involucradas en casos de corrupción tendrán que pagar un resarcimiento por los daños al erario público y suscribir "códigos de buena conducta" y "programas de integridad".

Asimismo, anunció que "por pedido" del presidente Mauricio Macri el Gobierno "va a exigir que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas".

Saravia Frías aludió así a la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio por presuntos pagos de sobornos que involucran a grandes empresas que son adjudicatarias de obras públicas y tienen a varios ejecutivos en la condición de arrepentidos.