Se transfirieron este martes, en compensación por la eliminación del Fondo Sojero. Ocurre mientras algunos mandatarios presionan para reponerlo.

Con fines económicos, pero también políticos, el Gobierno nacional envió este martes unos 1.000 millones de pesos para que se repartan en partes iguales entre gobernadores e intendentes. El objetivo económico es obvio: calmar la ansiedad de los mandatarios y jefes comunales en un escenario de ajuste y recortes. ¿El fin político? Mostrar que la Casa Rosada cumple en tiempo y forma con sus acuerdos, en medio de la dura negociación por el Presupuesto 2019.

Los fondos corresponden al primer desembolso del “Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios", una compensación que se creó a través de un decreto, el 836, con "el objetivo de asistir financieramente a las provincias que hayan aprobado el Consenso Fiscal". El programa está bajo la órbita del Ministerio de Interior, que conduce Rogelio Frigerio, uno de los negociadores clave de Cambiemos para sacar el Presupuesto.

La compensación es apenas un alivio para un recorte mayor: la eliminación del Fondo Sojero, decidida a mediados de agosto por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando decidió pasarse a una meta de déficit cero. El Fondo Federal Solidario (así su nombre real), creado por el kirchnerismo, preveía repartir el 30% de los derechos de recaudación a la exportación de soja a provincias y municipios. Cuando lo dieron de baja, en Nación aseguraron que implicaría un "ahorro" para sus cuentas de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019. 

Por la queja inmediata de gobernadores e intendentes, el Gobierno aceptó luego una compensación de unos 4.000 millones, para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, dividido en cuatro cuotas. Este martes se transfirió la primera, de 942.043.331 millones de pesos.

"El programa está destinado a atender la situación de aquellas provincias, municipios y de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran ejecutando obras con financiamiento del Fondo Federal Solidario, sin prever en su presupuesto vigente las partidas necesarias para afrontar los gastos que las mismas conllevan", ampliaron en el Ministerio del Interior.

El ruido político se genera cuando en el oficialismo ya se hablaba de un camino despejado para aprobar el presupuesto el 14 de noviembre, o más tardar el 21.

En el Gobierno se mostraban este miércoles aún optimistas. "De siete gobernadores, tres eran vices. Y por ejemplo, en Chaco, no es lo mismo Peppo, el gobernador, que Daniel Capitanich, el vice. Los más duros son Insfrán, de Formosa; Bertone, de Tierra del Fuego; y Zamora, de Santiago del Estero. Pero por ejemplo Zamora aportó tres diputados para darle media sanción al Presupuesto", aseguró a este diario una fuente oficial.
Originalmente, se suponía que la reunión de Pichetto con los gobernadores sería para convencerlos de acompañar un cambio en la suba al impuesto a los Bienes Personales que propone el rionegrino, como una manera de compensar a la clase media. Impulsa que queden afuera las viviendas únicas. Allí habría acuerdo, ya que los gobernadores "sólo" resignarían 3.000 millones por ese recorte. Pero luego en la discusión se coló una pelea mayor y hasta hubo cuestionamientos al rol de conductor de Pichetto, que siempre se jactó de ser el "embajador" de los mandatarios en la Cámara alta. La puja por los fondos, se descuenta, seguirá hasta la sesión misma cuando se trate el proyecto.

Respecto al paliativo de los 1.000 millones, se reparte entre 22 de las 24 provincias. Las dos que no firmaron el Pacto Fiscal en 2017 quedan afuera: son San Luis y La Pampa.