Un juez peruano ha impuesto este miércoles 36 meses de prisión preventiva para la líder de la oposición, Keiko Fujimori, investigada por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial en las elecciones de 2011. "Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior en Fuerza 2011", ha señalado el juez al sustentar su decisión. Ante el "alto riesgo de fuga" y la acusación de obstaculizar la investigación, el magistrado ha dictado orden de detención inmediata contra la líder del partido Fuerza Popular.

El plazo de 36 meses de prisión preventiva coincide con el que tiene el fiscal provincial José Domingo Pérez para continuar la investigación preparatoria contra Fujimori. Se le acusa de ser la presunta líder de una organización criminal “que se enquistó en el partido Fuerza 2011” (hoy Fuerza Popular) para el blanqueo de capitales. De acuerdo a testimonios y abundante documentación conseguida por el fiscal de lavado de activos, Fujimori recibió 1,2 millones de dólares en fondos ilícitos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.

La decisión del magistrado es un nuevo golpe a la formación política con mayoría en el Congreso, y que desde julio de 2016 obstruyó, primero, la gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski -que acabó dimitiendo en marzo-, y luego la de Martín Vizcarra, su sucesor y actual mandatario peruano.

La hija mayor de Alberto Fujimori ya pasó siete días en prisión preliminar a mediados de octubre. Aquella medida fue ordenada por este mismo juez, Richard Concepción Carhuancho, a solicitud del fiscal Pérez, por su presunta participación en el llamado ‘caso Cocteles’. Desde 2017 se investiga esta trama acerca de los fondos de campaña que el fujimorismo dijo haber recaudado mediante eventos como cocteles y rifas, pero que no pudo sustentar posteriormente ante la fiscalía.

En esa ocasión, el juez Concepción ordenó también la detención preliminar de otras 19 personas que en 2011 fueron donantes falso; es decir, depositaron a su nombre en la cuenta bancaria de Fuerza 2011 el dinero entregado por Odebrecht. No todos fueron detenidos: el ex secretario general de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama, ex ministro del Gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90, permanece en Estados Unidos, y otros se convirtieron en testigos protegidos que han aportado más evidencias a la Fiscalía.

El esposo de una de las personas con orden de detención, el congresista fujimorista Rolando Reátegui se presentó entonces como testigo protegido, al sentir que su grupo político los había dejado solos. Dijo que, a petición de Keiko Fujimori, reclutó a falsos donantes y personas que hicieron las transacciones bancarias en la región San Martín.

La resolución que ordena la detención preventiva, sostiene que los falsos donantes gestionados por Reátegui afectaron “el correcto funcionamiento del sistema financiero y la eficacia del sistema de justicia penal: se ha buscado impedir averiguar el origen del dinero”. Un pariente del ex ministro Yoshiyama hizo operaciones similares a las de Reátegui, en Lima, con unos 100.000 dólares procedentes de la contabilidad paralela de la constructora brasileña.

Obstrucción a la justicia
Reategui además entregó a la Fiscalía conversaciones del comité político de Fuerza Popular, realizados a través del sistema de mensajería Telegram, con las órdenes de la líder a su bancada para blindar a altos funcionarios gravemente involucrados en la trama de corrupción del sistema de justicia.

“Tenemos una estructura que a través del congresista (fujimorista Héctor) Becerril gestiona una reunión entre la investigada Keiko Fujimori y el exjuez César Hinostroza para ayudarla en procesos judiciales”, ha explicado el magistrado Concepción este miércoles.

Hinostroza está detenido en Madrid con fines de extradición, pero en julio, cuando aún era juez de la Corte Suprema, debía revisar un recurso de Fujimori para que la investigación del ‘caso Cocteles’ no continuara bajo la ley de crimen organizado.

En julio, el informe de una fiscal provincial que investigaba a los Cuellos Blancos del Puerto apuntó a Hinostroza como jefe de dicha organización criminal y al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como integrante de la misma. Por ello, el Congreso debía debatir las acusaciones constitucionales y retirarles el fuero para que sean investigados penalmente por varios delitos, entre ellos, el de organización criminal.

Para el juez Concepción la conversación en Telegram muestra “una cúpula que da directivas a congresistas: blindar a Hinostroza sobre el delito de organización criminal y tramitar denuncias de manera individual contra Chávarry para interferir con el normal funcionamiento de administración de justicia”.

El magistrado destacó las relaciones entre la presidenta de Fuerza Popular, sus asesores políticos y legales en la sombra, los congresistas de su partido, Chávarry e Hinostroza, como un engranaje de protección mutua de intereses.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, ha informado a la prensa de que la próxima semana apelará la decisión. Mientras tanto, en una conferencia de prensa el nuevo dirigente del comité de emergencia del fujimorismo, el parlamentario Miguel Torres, denunció "una persecución política".

Una de las antiguas dirigentes fujimoristas, la expresidenta del Congreso Luz Salgado, ha dicho que de esta manera quieren "arrinconar a Fuerza Popular y desaparecer una expresión popular. No van a poder desaparecer al partido político", manifestó en una emisora de radio local.