La presidenta Cristina Kirchner contempla la idea de un acuerdo luego de enero de 2015 con todos los holdouts, los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, además de los fondos NML Capital y Aurelius. Para ello ordenó analizar la derogación en el Congreso de al menos tres leyes vinculadas con la deuda soberana.

Según altas fuentes del Gobierno citadas por el diario La Nación, las iniciativas para derogar las leyes que seguirían trabando una negociación se evalúan entre la Presidenta; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Esas fuentes indicaron que, en caso de avanzar, las negociaciones durarían hasta marzo, y el 1° de ese mes Cristina podría anunciar esos proyectos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Incluso, podrían ser el caballito de batalla de la campaña electoral de 2015. Sin embargo, según el diario Clarín, la derogación podría llegar antes, en sesiones extraordinarias.

La reapertura de las negociaciones no comenzaría hasta enero de 2015, porque recién el 31 de diciembre caduca la cláusula RUFO (rights upon future offers), que ahora les permite a los tenedores de bonos de 2005 y 2010 demandar judicialmente igual trato si se les mejora la oferta a bonistas que no hubieran ingresado en aquellos canjes. Ese cepo contaminó toda la negociación con los buitres.

La intención del Gobierno, según Clarín, es la de apurar todo lo posible esos cambios, dada la urgencia de un eventual acuerdo con los fondos buiitre. Y para eso, Cristina convocaría a sesiones extraordinarias pero en la inusual fecha de enero, ya que hasta entonces está vigente la RUFO y el Ejecutivo sigue intentando a toda costa mostrar que no está dispuesto a nada que se pueda interpretar como una violación a esa cláusula.

La primera ley que el Gobierno debería derogar es la que dispuso el cambio de lugar de pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 y mudó el domicilio de Nueva York a Buenos Aires. También revocó el mandato del Bank of New York Mellon como pagador de los bonos. Y lo reemplazó por el Nación Fideicomisos para tratar de eludir el bloqueo impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa. El 30 de septiembre, el Gobierno depositó en la nueva cuenta u$s 161 millones para pagar un vencimiento de los bonos PAR, pero ningún bonista pasó a cobrar y esos títulos acaban de entrar también en default. La derogación restablecería al Bony para regularizar el pago a los bonistas de los canjes.

La otra que se anularía es la “ley cerrojo” de 2005, que prohibía al Poder Ejecutivo luego del canje de ese año reabrir o mejorar la oferta de esa reestructuración. En 2009 se suspendió para reabrir el canje en 2010 y luego se cerró otra vez.

Y la tercera norma que se cambiaría es la de septiembre de 2013, que suspendía la ley cerrojo sin fecha para intentar un canje local que nunca se concretó, pese a ser anunciado por Cristina por cadena nacional en aquellos días; en este caso, el problema es que también esta ley prohibía ofrecer a los tenedores holdouts mejores condiciones que las de las reestructuraciones de 2005 y 2010.