El Gobierno, la CGT y empresarios quedaron esta tarde a las puertas de un acuerdo para el pago de un bono de fin de año de 5.000 pesos en dos cuotas para los trabajadores del sector privado y público, con lo cual la central obrera desactivaría la posibilidad de llamar al quinto paro general en la era Mauricio Macri.

El encuentro se realizó en la sede del Sindicato de Sanidad, donde el ministro de Producción, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, avanzaron con la implementación del bono y quedaron con los gremialistas y empresarios en volver a reunirse en los próximos días para terminar de definir la medida.

La idea es abonar dos bonos de 2.500 pesos antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos, como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación del peso.

En rigor, el Gobierno y los empresarios dieron aval a esta iniciativa para tratar de contener las demandas salariales de los sindicatos en el proceso de reapertura de paritarias que se viene, luego de que Camioneros y Sanidad sellaran nuevas actualizaciones por encima del 40 por ciento.

"Fue una muy buena reunión, se avanzó bastante en ver la posibilidad de un bono que recomponga parcialmente el salario de los trabajadores", indicó Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, quien confirmó que se tratará de dos bonos de 2.500 pesos y que se está viendo de qué forma implementarlo.

El titular de la CGT Héctor Daer aseguró que la central podría "reconsiderar" el paro nacional si el bono que se discute con el Gobierno se implementa por decreto y de manera obligatoria para todos los trabajadores.

"Esperemos que mañana tengamos el decreto con la letra chica para analizarlo este jueves en la reunión del Consejo Directivo de la CGT", sostuvo Daer al retirarse la reunión, al tiempo que admitió que la CGT podría "reconsiderar su postura" si el bono tiene "carácter imperativo y universal".

El sindicalista señaló también que en la reunión se analizó también la posibilidad de implementar de manera obligatoria una instancia previa a un despido, que sería una audiencia en el Ministerio de Trabajo siempre que una empresa disponga la cesantía de un trabajador, a fin de intentar que se revea la situación.

Por el Gobierno estuvieron Sica y Triaca; por el sector empresario estuvieron autoridades de la UIA, CAME y la Cámara de la Construcción y por la CGT asistieron los dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Roberto Fernández (UTA) y Abel Frutos, entre otros.