La Agencia Tributaria de España decidió abrir una causa penal por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira por presuntamente defraudar en 14,5 millones de euros al Ministerio de Hacienda de España con los impuestos de renta (IRPF) y patrimonio.

La decisión se tomó luego de una investigación que realizó la Agencia a las cuentas de la artista barranquillera entre 2012 y 2014, en el que se concluyó que Shakira es culpable de tres delitos por fraude fiscal.

La situación de la colombiana está relacionada a establecer la residencia fiscal de la artista desde 2011, año en el que hizo pública su relación con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Ya que en la legislación española se establece que si un ciudadano pasa la mitad del año más un día en territorio de España debe cumplir con los efectos fiscales del país.

Por su parte, la cantante colombiana ha defendido, mediante un comunicado, que ha cumplido "con todas sus obligaciones tributarias en España" y que no tiene ninguna deuda con la Hacienda española.

En el comunicado, la cantante ha recordado que tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria debía abonar, procedió "a pagarlo en su totalidad y, por tanto, actualmente no existe ninguna deuda" y ello demuestra su disposición a solucionar la discrepancia.

Argumenta que su caso es único porque es una ciudadana extranjera en España cuyos ingresos proceden en su práctica totalidad (96%) del extranjero, y asegura que siempre ha mantenido una conducta "intachable".

"Hay que tener en cuenta que Shakira tiene una actividad profesional muy intensa y fuera de España y, por tanto, su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales", dice el comunicado, y por eso hasta 2015 nunca pasó más de 183 días en España, lo cual está comprobado, e incluso pasaba largas temporadas con sus hijos en otros países y singularmente en Estados Unidos, de donde procede la mayor parte de sus compromisos laborales.

Según ella, al no existir ya deuda tributaria pendiente, "el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España".