La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa iniciada por los cuadernos de la corrupción.

El Tribunal de Apelaciones ratificó además el procesamiento y prisión preventiva para los ya detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Pública José López y el ex funcionario Roberto Baratta, todos como organizadores, según el fallo al que accedió la agencia de noticias Télam.

Con esta decisión, el juez federal Claudio Bonadio quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de la actual senadora nacional Kirchner, como anticipó que haría cuando la procesó.

En el fallo se validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, se confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como "prueba válida" a los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares y que fueron trasladados después, “en la mayoría de las oportunidades”, en vehículos conducidos por Centeno.

”A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”, que “finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido, agregó.

En cuanto a los empresarios procesados por Bonadio, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi agravaron la situación de los empresarios Carlos Wagner (arrepentido) y del detenido Gerardo Ferreyra, al entender que actuaron como "organizadores" de la asociación ilícita y no como miembros.

Lo mismo ocurrió con otro arrepentido, Ernesto Clarens, quien quedó procesado como "organizador" de la asociación ilícita.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó además los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como miembros de asociación ilícita.

Respecto de una veintena de empresarios procesados, la Cámara dictó la falta de mérito por el delito de asociación ilícita y los dejó acusados por cohecho, un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por Bonadio.

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Además se revocó la falta de mérito y se procesó a los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti como partícipes necesarios de cohecho, al hacer lugar a una apelación al respecto de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo.

Los beneficiados por el fallo fueron el ex juez Norberto Oyarbide y los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito.

El Tribunal ordenó liberar a ocho detenidos: Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas, Hernán del Río, Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento.