El paquete de proyectos que envió el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias en diciembre fue aprobado en su totalidad, salvo dos excepciones, que justamente eran las principales preocupaciones del Gobierno: la ley de finaciamiento político y la destinada a combatir a las barras.

En el primero de los casos, el proyecto ni pudo arrancar, consecuencia del gran empantanamiento y las propias resistencias internas que generaba la iniciativa. En el segundo de los casos, se logró avanzar hasta la aprobación en general, pero ya no se pudo ir más allá del artículo 10 de la reglamentación de una norma que tiene más de 40 artículos.

El Senado ya había avisado además que no la trataría este año, así que finalmente quedaron en terminar el tratamiento en comisión y luego darle la aprobación final en el recinto.

Para eso se descuenta que habrá extraordinarias en febrero. Pero también trascendió que el Gobierno va por más, y tiene previsto tratar en el Senado más pliegos de jueces, con el objetivo de que Mauricio Macri pueda terminar este mandato habiéndose nombrado durante su gestión más de 350 magistrados, habida cuenta de la necesidad que hay en la justicia de destrabar la designación de esos cargos.

El Gobierno tiene previsto enviar en enero alrededor de 30 nuevos pliegos, que se sumarán a los 88 que aguardan ser aprobados en la Cámara alta. Con ese fin ya está todo arreglado con el presidente del interbloque Argentina Federal, flamante integrante además del Consejo de la Magistratura.

Precisamente el Consejo de la Magistratura informó recientemente hace pocos días que en los últimos tres años se logró en el Senado el nombramiento de 234 magistrados en la Justicia.

Con la aprobación en el Senado de 23 pliegos en sesiones extraordinarias, se logró durante 2018 el nombramiento de 117 magistrados: 95 jueces, 10 fiscales y 12 defensores, más la aprobación de la lista de conjueces de la Corte.

En 2017 se designó a 50 jueces, 9 fiscales y 17 defensores, mientras que en 2016 se hizo lo propio con 24 jueces, 10 fiscales y 17 defensores.

Con los nombramientos de este año se superaron los 115 cargos que se cubrieron entre 2012 y 2015, lo cual evidencia una mejora del sistema a partir del trabajo conjunto de los poderes del Estado.