En horas de la mañana de este domingo se registró la detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando se dirigía a un cabildo abierto en el estado Vargas. Según los primeros informes, fue detenido en la autopista Caracas-La Guaira cuando se trasladaba a un acto político.

Varios allegados al gobierno venían pidiendo su detención por supuesta “traición a la patria” tras anunciar que asumiría las funciones ejecutivas de la República.

Su esposa, Fabiana Rosales, compartió la información en su Instagram. Fue detenido en su presencia y en la de su hija. Periodistas agregaron que fue emboscado por más de 10 camionetas del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Pero minutos después, el político opositor fue liberado y se trasladaba normalmente al cabildo abierto programado en el estado de Vargas.

Tras la asunción el jueves del segundo mandato de Nicolás Maduro, Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela al considerar que así lo estipula la constitución de ese país, y acusó al chavista de usurpar el poder.

Rápidamente el joven dirigente recibió el apoyo de buena parte de la comunidad internacional. Incluso los Estados Unidos dieron un fuerte apoyo a esa decisión al reconocer como única autoridad a la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora.

Comunicado del Gobierno argentino
La Cancillería argentina emitió un comunicado tras conocerse el incidente, en el que expresa su solidaridad y apoyo para Guaidó. A continuación, la nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores:

"El Gobierno argentino se solidariza y apoya al Diputado Juan Guaidó y a su familia frente al incidente que sufriera hoy 13 de enero, en que fuera retenido por algunas por horas por integrantes de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Este episodio, que atenta contra las libertadas civiles y políticas de los venezolanos, en este caso en la persona del Presidente de la Asamblea Nacional (AN), ratifica la imperiosa necesidad de restablecer en Venezuela el orden democrático y el respeto de los derechos humanos.

El Gobierno argentino espera que el régimen de Maduro pueda asegurar las libertades civiles, políticas y de movimiento de la oposición venezolana, así como su integridad física, absteniéndose de cualquier acto de intimidación y hostigamiento como el sufrido por el Presidente de la AN, órgano constitucionalmente legítimo de ese país".

La reacción del Grupo de Lima
En una declaración divulgada este domingo a la tarde, el Grupo de Lima indicó que 13 de sus 14 integrantes "condenan la detención arbitraria" de Guaidó "por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)".

El documento expresa "su más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la AN, de sus familias y colaboradores, y frente a cualquier presión o coacción que impida el pleno y normal ejercicio de sus competencias como órgano constitucional y legítimamente electo".

Argentina firmó la nota junto a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cosa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, en tanto no lo hizo México.

El nuevo rostro de la política
Juan Guaidó es un ingeniero industrial de 35 años que hasta hace poco tiempo todavía estaba lejos de los primeros planos. Pero la dinámica de la situación política en Venezuela lo llevó a convertirse en el nuevo hombre fuerte de la oposición y a ilusionarse con ser el líder del proceso con el que los antichavistas aspiran a terminar con el gobierno del presidente Maduro.

Guaidó terminó el secundario en 2000, cuando Venezuela ya estaba gobernada por Hugo Chávez, y se formó políticamente en el centro de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde se graduó en 2007.

Formó parte del célebre movimiento estudiantil que en 2007 protestó ruidosamente contra la no renovación de la licencia de la televisora privada RCTV y se opuso al proyecto de reforma constitucional de Chávez que finalmente fue derrotado en un referendo.

En 2009, Guaidó acompañó al ex alcalde Leopoldo López en la fundación de su partido Voluntad Popular (VP) y, al año siguiente, obtuvo su primer cargo público al ser electo diputado, mandato que revalidó en 2015.

El encumbramiento de Guaidó obedece, además de a sus propios méritos, a la política represiva del gobierno de Maduro, que sucesivamente sacó de la escena a varios líderes de VP, empezando por López, su fundador, encarcelado en febrero de 2014, y su sucesor natural, Carlos Vecchio, quien entonces pasó a la clandestinidad y poco después al exilio en Estados Unidos, luego de que el gobierno lo acusara de varios delitos.

Voluntad Popular quedó entonces a cargo de Freddy Guevara, quien desde noviembre de 2017 está refugiado en la embajada de Chile en Caracas, luego de que el gobierno le imputara varios delitos y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, le quitara la inmunidad parlamentaria cuando era el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).

Por acuerdo entre los partidos de la oposición, que en diciembre de 2015 se hicieron de una holgada mayoría, a VP le corresponde este año la presidencia del Parlamento y el elegido fue Guaidó, quien asumió esa función el 5 de este mes, apenas cinco días antes de que Maduro iniciara su nuevo mandato, cuya legitimidad es desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

Un poder legislativo vaciado.
Guaidó es formalmente el máximo cargo institucional de Venezuela, puesto que la Asamblea Nacional o Parlamento, controlada por la oposición, considera ilegítimos los demás poderes del Estado, incluida la Presidencia de Maduro.

Tras su elección como presidente del Parlamento opositor, Guaidó se reivindicó como la única institución legítima de Venezuela. Y emplazó a las Fuerzas Armadas a que den "un paso al frente" contra Maduro y lograr así restaurar la legalidad constitucional.

La situación efectiva de control político de la oposición venezolana es muy limitada. Logró una de sus victorias más importantes en diciembre de 2015, cuando obtuvo el control de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral del país.

Sin embargo, para vaciarla de poder, Maduro convocó poco después elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente anulase el anterior Legislativo. La oposición consideró ilegítima la maniobra, pero está actualmente sin poder real de acción, sin financiación para su funcionamiento y con nula capacidad de sancionar leyes que sean respetadas por el Ejecutivo.

Aunque no está reconocida internacionalmente como tal, el oficialismo chavista sanciona sus leyes a través de la Asamblea Constituyente, dominada en su totalidad por figuras del chavismo.

A esta situación se agrega la deplorable situación ecnómica del país, con una inflación que, según se prevee, llegará al 2.000.000% este año, una casi absoluta escasez de medicinas y alimentos y un drama humanitario que se refleja en la huida de casi 3 millones de venezolanos en los últimos años.