La expresidenta Cristina Kirchner fue citada nuevamente a declarar como imputada en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos a entonces funcionarios de su Gobierno. A la vez, el magistrado Claudio Bonadio, a cargo de la pesquisa, convocó a prestar declaración indagatoria a exfuncionarios y decenas de empresarios.

La decisión del juez federal impacta de lleno en el incio de la campaña electoral y afecta a la actual senadora de Unidad Ciudadana, quien suena como posible candidata en las presidenciales de este año. Fue citada para el 25 de febrero. Un día después, si no prospera su solicitud de postergación, deberá volver a los tribunales federales porque está fijado el inicio del debate por las irregularidades en la obra pública –este miércoles la exmandataria pidió que esa causa cambie de jurisdicción y pase a Santa Cruz-.

Pero el caso de los anotadores de Centeno también salpica al Presidente, quien se postuló para competir por la reelección. Es que su primo Ángelo Calcaterra, extitular de IECSA -hoy SACDE, en manos de Marcelo Mindlin-, también fue citado por Bonadio y vuelve a estar en el centro de la escena judicial. Junto a él fueron convocados Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri, los históricos gerentes de las empresas de la familia Macri. El primero se había beneficiado con la falta de mérito en este expediente pero Bonadio decidió volver a convocarlo.

Además de la expresidenta y Calcaterra, Bonadio también decidió que decenas empresarios vuelvan a pasar por su despacho a declarar. Entre ellos, se destacan Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros ejecutivos. También figura Cristóbal López.

También desfilarán por los tribunales de Comodoro Py exfuncionarios de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Nelson Perotti y Sandro Férgola, entre otros.

En total son 101 indagatorias entre exfuncionarios y empresarios que Bonadio vuelve a citar por nuevos hechos de supuestos sobornos en contratos de obra pública.

Se trata de la tercera oportunidad en la que cita a la actual senadora a declarar en esta causa, en la que está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas. 

Las indagatorias, que se realizarán a un ritmo de más de cinco por día, comenzarán el 20 de febrero y concluirán con la declaración del detenido Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.

La nueva disposición judicial de Bonadio está vinculada a los 82 operativos que impulsó semanas atrás, en los que requirió información a 71 empresas en 14 provincias. 

Aquella decisión estuvo fundada en una lista aportada por el financista Ernesto Clarens, quien entregó información "sensbile" a los ojos del juez cuando se presentó como arrepentido.

Clarens había apuntado sobre un grupo de empresarios que, presuntamente, pagaban habitualmente sobornos para quedarse con contratos de obra pública que administraba el Ministerio de Planificación Federal que manejaba De Vido.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones.

El futuro inmediato
En la causa de los cuadernos, la expresidenta ya tiene un procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal porteña como jefa de una asociación ilícita y por 27 hechos de cohecho.
En este expediente, la Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como "prueba válida" a los ocho cuadernos del remisero del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, había sostenido la Cámara.

En los cuadernos escritos por Centeno “se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, destacaron los camaristas. 

Sin embargo, las citaciones dispuestas hoy por Bonadio se dieron a raíz de declaraciones como la del ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens quienes, como arrepentidos, aportaron información que no figuraba en los cuadernos. 

En tanto, en los próximos días el juez Bonadio deberá resolver la situación procesal de los indagados en el tramo de la causa de los cuadernos en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero llevadas a cabos por el fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, y su entorno.

Antes, el magistrado tendrá que resolver un pedido de excarcelación formulado hoy por la defensa oficial de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, quien ya fue aceptada como arrepentida en ese tramo de la causa pero sigue detenida en el penal de mujeres de Ezeiza.

La senadora por Unidad Ciudadana solicitó ante la justicia que la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública, próxima a debatirse en juicio oral y en la que está involucrada junto a Lázaro Baez, sea remitida a Santa Cruz porque se investigan obras realizadas en esa provincia.

La presentación que trascendió fue realizada el viernes pasado por el abogado Carlos Beraldi, el mismo día que solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que se suspendiera el inicio del juicio previsto para el 26 de febrero porque aún no concluyeron algunos de los peritajes dispuestos en la instrucción complementaria.

“La justicia de Santa Cruz resulta competente para juzgar el supuesto delito de defraudación por el que se ha requerido en esta causa la elevación a juicio”, sostuvo Beraldi en el escrito que presentó en su condición de defensor de la ex presidenta.

El letrado recordó además que en Santa Cruz ya se sustanciaron otros expedientes en los que se investigan hechos similares a los que fueron analizados por la justicia federal porteña y que tiene en el foco al detenido empresario Lázaro Báez.

La presentación del abogado de la exmandataria fue realizada en el marco de la causa elevada a juicio oral en la que se investiga la firma de 52 contratos de obra pública vial por un valor actualizado de 46 mil millones de pesos.

El tribunal a cargo del juicio oral y público que, por ahora, está previsto que comience el 26 de febrero está integrado por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Este miércoles el fiscal Diego Luciani se manifestó en contra del pedido de postergación del inicio del juicio.

Luego se conoció la nueva citación por parte de Bonadio.