Por orden del juez Claudio Bonadio, que dictó la prisión preventiva, la Policía detuvo este sábado a otros cuatro ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

Se trata de Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Sandro Férgola (ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad), Sergio Passacantando (ex gerente de Administración de la DNV) y Germán Nivello (ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).

Las detenciones y allanamientos a cargo de la Policía Federal se realizaron en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, donde el juez Bonadio ordenó 101 indagatorias en el tramo que se concentra en la adjudicación de obra pública civil.

Después de una serie de documentación obtenida durante la instrucción y más testimonios que se fueron sumando a la causa, se decidió avanzar con la detención de este conjunto de ex directores de Vialidad Nacional. 

Será el lunes a primera hora cuando el magistrado indague a los ex funcionarios del Gobierno kirchnerista que cumplían funciones en la Dirección de Vialidad Nacional. 

Estos ex directivos se encuentran procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

En el caso de Nelson Periotti, quedó procesado como partícipe de la asociación ilícita y defraudación al Estado por $ 46.000 millones. Deberá en mayo enfrentar el juicio oral junto al empresario K y a Cristina Kirchner.

En tanto Sandro Férgola quedó procesado en una segunda instancia, por los mismos delitos, junto a Martín Báez el mayor de los hijos varones del dueño del Grupo Austral y en breve se solicitará la elevación a juicio oral de dicho tramo de la investigación.

En la causa de los Cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.

En este tramo tuvo incidencia la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio de Ernesto Clarens que entregó un extenso listado de empresas que eran parte del pago de sobornos a ex funcionarios para garantizarse obras.

Según entiende el juez,  Cristina Kirchner que ya declaró en este expediente, lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Por ello el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Es en este tramo del expediente, que investiga la cartelización de la obra pública, que se realizó el extenso llamado a indagatoria que incluyó a Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre otros.
Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.