La causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que el ex juez Norberto Oyarbide cerró en tiempo récord en diciembre de 2009 vuelve a tomar envión. Un informe que realizó un auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para ese expediente detectó que los ex presidentes no podían justificar unos US$ 6,5 millones de su patrimonio.

El escrito fue elaborado por Eduardo Blanco  en base a la pericia contable que había encargado Oyarbide a dos peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo, quienes trabajaron sobre las declaraciones juradas que habían entregado los Kirchner a la Oficina Anticorrupción. El ex matrimonio presidencial era investigado por la Justicia por las sospechas sobre su patrimonio: había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, efectivo y sociedades por $17,8 millones a acumular $46 millones.

Tras analizar la pericia, el informe de Blanco fue demoledor, según pudo reconstruir Clarín en base a fuentes judiciales y que tuvieron acceso al documento. Pese a las pruebas, Oyarbide desestimó el informe crítico y cerró el expediente.

De los $28 millones que había crecido el patrimonio de los Kirchner en un año, Blanco identificó que $24.700.000 eran imposibles de justificar. En diciembre de 2009, con el dólar a $ 3,81, esa cifra ascendía a US$ 6.480.000.

Uno de los puntos que más le llamó la atención a Blanco, según dejó por escrito en el informe, era la falta de certificados de los plazos fijos que habían declarado los Kirchner. Sin esos respaldos, era imposible constatar cómo habían ganado unos $4,2 millones en un año. 
También dejó asentado que faltaba documentación para justificar compras y ventas de inmuebles que habían hecho en ese período. Se refería a las 16 propiedades que habían declarado como vendidas y por las que decían haber recibido $14,5 millones. Con esos fondos, que según Blanco no estaban debidamente respaldados, los Kirchner intentaron explicar la compra de Hotesur, que administró el hotel Alto Calafate. Según la Justicia, con ese emprendimiento realizaron maniobras de lavado de dinero en las que participó Lázaro Báez. El empresario les alquilaba a los K habitaciones que nadie usaba. Ese expediente ya fue elevado a juicio oral.

Blanco también advirtió sobre la falta de comprobantes sobre un préstamo de $9 millones que les habría otorgado el Banco de Santa Cruz y cuestionó el monto que habían declarado por alquileres sus propiedades. No habían presentado las constancias suficientes.

Además, puso la lupa sobre una deuda de $8.329.000 que había declarado Kirchner con la empresa Austral Construcciones -de su amigo Lázaro Báez- por la construcción de un inmueble. Ese monto se refería a la edificación del hotel Los Sauces que Kirchner no le quería pagar a Báez, según contó en su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos su ex contador Víctor Manzanares.

Las conclusiones del informe que realizó Blanco y que Oyarbide nunca incluyó en la causa son contundentes: "No se está en condiciones de establecer si el incremento patrimonial del 2008 se encuentra debidamente justificado". 

El ex auditor de la FIA declaró como testigo el martes pasado ante el juez Ariel Lijo que busca reabrir el expediente por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner bajo la figura de la cosa juzgada írrita. En su testimonial, Blanco ratificó las irregularidades que había detectado en el patrimonio K y que volcó en el informe que ignoró Oyarbide. Ayer, Lijo le pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas -que reemplazó a la FIA- que le envíe el documento de Blanco.

El hotel Los Sauces, uno de los bienes apuntado por el informe sobre la fortuna K.

En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano, que trabaja junto a Lijo en este caso, le pidió al juez Claudio Bonadio -que lleva adelante la causa de los cuadernos- la declaración como arrepentido del ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares En su testimonio reveló como el ex presidente se involucró para manipular la pericia contable y ser sobreseído en la causa. Manzanares contó que cuando arrancó la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, Kirchner lo citó en Buenos Aires y le pidió que se haga cargo de manejar su pericia. "Me indicó que debía reunirme con varias personas y que siga sus instrucciones, que debía concurrir al edificio de la SIDE", aseguró. Allí, dijo que se reunió con Javier Fernández (auditor general de la Nación y señalado como operador K en la Justicia) y que fueron en auto hasta un departamento donde estaba Oyarbide quien le pidió que se reuniera con los peritos de la Corte Suprema para hacer una presentación lavada que fuera funcional al sobreseimiento. 

Con el informe de Blanco y el testimonio de Manzanares, Lijo intentará volver a investigar a los Kirchner por su incremento patrimonial desmedido. Deberá probar que hubo un fraude para cerrar el caso en 2009. Por las pruebas, no parece una tarea difícil.