Los gremios de comercio, colectiveros, construcción, bancarios, alimentación y los trabajadores de la carne integran el pelotón que buscará sellar acuerdos no superiores a los tres meses, con cláusula de revisión o gatillo para protegerse de la inflación y montos compensatorios por la pérdida del año pasado.

Será todo un desafío para el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que luego de avalar subas semestrales de entre el 23 y el 28% en el primer tramo del año ahora busca evitar una indexación de los salarios a los precios, en línea con las últimas recomendaciones del FMI.

El mercantil Armando Cavalieri ya inició negociaciones con la Cámara de Comercio (CAC) para actualizar el acuerdo vencido el 31 de marzo pasado a través de un esquema similar al reciente acuerdo alcanzado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con los docentes.

Lo que se pretende es implementar subas mensuales no remunerativas junto con una suma fija para recuperar lo perdido el año pasado y revisiones previstas en julio y noviembre, indicó en un comunicado la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) que lidera Cavalieri. Los empresarios aseguran que Sica autorizó que el aumento no pague cargas sociales, algo prohibido por un decreto de Macri del año pasado. 

La discusión viene demorada por la fuerte caída de las ventas y la incertidumbre en torno a la inflación que solo en los tres primeros meses acumuló un 11,8%. Ese escenario ya generó cierta resistencia entre los empresarios el año pasado para avalar la última revisión salarial de una suba que totalizó el 45% en seis tramos. Con 1,2 millones de trabajadores, el mayor gremio del país es clave para fijar una referencia en el ámbito privado en momentos que no hay una guía clara. 

La tregua pactada implica un piso salarial del 30% y un retorno inesperado a la cláusula gatillo que la propia gobernadora había desterrado en 2018 con la aplicación de aumentos unilaterales, en una señal de lo que entonces parecía un mayor endurecimiento.

la Unión Tranviaria Automotor (UTA) busca sumar a sus 100.000 colectiveros al modelo de miniparitarias. Vencido el acuerdo en marzo pasado, el gremio encabezado por Roberto Fernández negocia una suba para el segundo trimestre del año en vísperas de la retención de tareas anunciada para el 1 de mayo de la que participará junto a la Confederación del Transporte (CATT), un día después del paro previsto por Hugo Moyano. 

Fernández ya arregló una suba extraordinaria de $2.500 por mes en el primer trimestre equivalente a un 12% que, sumada al aumento del año pasado, totalizó un 49% en los últimos 12 meses para el transporte de corta, media y larga distancia. Fue en compensación por el desfasaje de la inflación, lo que motivó un paro en marzo que afectó a todo el interior del país, con excepción de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por la negativa de los empresarios a pagar lo acordado.

En el sector financiero, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, intenta reinstalar la cláusula gatillo en sus paritarias, tal como adelantó este medio en marzo. Por lo pronto, Palazzo negoció este año un adelanto a cuenta de las paritarias del 7% por enero y febrero, junto con una suma de $1.000 mensuales. El sindicato fue uno de los pocos que el año pasado obtuvo un aumento cercano al 50% por encima de la inflación del 47,6%.