Tras 20 días de ausencia en su despacho por una licencia médica, el juez federal Claudio Bonadio volvió ayer a su juzgado y su primera decisión relevante fue llevar a Cristina Fernández de Kirchner a las puertas de un nuevo juicio oral y público.

Se trata de la causa en la que la senadora está procesada por tener en su residencia de El Calafate dos documentos históricos que fueron encontrados en un allanamiento.

Bonadio firmó ayer el cierre de la instrucción de esa causa y pidió opinión a la fiscalía y a la defensa, trámite previo al envío a la siguiente etapa, que será el debate oral. El expediente podría ser elevado la semana próxima.

De confirmarse, se trataría del sexto juicio oral que enfrentaría la expresidenta, que el martes pasado se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados por la causa Vialidad, en la que se investiga el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez en Santa Cruz.

El magistrado debe resolver además, entre otras cuestiones, si comienza los trámites para el envío a juicio oral del expediente central de la “causa cuadernos”, en la que la senadora Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, pero en libertad por sus fueros parlamentarios.

Fue en el marco de la “causa cuadernos” en el que se realizó el allanamiento donde se encontraron los dos documentos históricos. Se trata de una carta de José de San Martín a su amigo y par Bernardo O’Higgins, escrita en París durante su exilio, fechada el 26 de diciembre de 1835, y un prontuario de Hipólito Yrigoyen, con sus actividades del año 1906 al 1910.

La defensa de Kirchner explicó ante la Justicia que ambos documentos le habían sido obsequiados y que no pensaba que fueran robados. En su libro Sinceramente dijo, por ejemplo, que la carta de San Martín se la regaló el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

El 8 de mayo, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal porteña, habían ratificado el procesamiento a la expresidenta. Sin embargo, el tribunal de apelaciones modificó la calificación del delito que había dispuesto Bonadio al entender que no se trató de un caso de “encubrimiento”, sino de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

“Se encuentra suficientemente acreditado que tanto la importancia como el valor histórico de las piezas bajo examen eran circunstancias ciertamente conocidas por la imputada: basta para ello con reparar en la trascendencia que les asignó a los obsequios recibidos”, habían sostenido los jueces Bruglia e Irurzun.

Los empleados del juzgado de Bonadio grabaron ayer un video del regreso del juez a su oficina. “Los registros sobre mi muerte están exagerados”, se escucha decir al magistrado a cámara, citando al escritor Mark Twain. Es que se había dicho que Bonadio no volvería a trabajar.