El Estado argentino tiene que enfrentar reclamos de empresas extranjeras y bonistas que todavía tienen en su poder títulos en default de la deuda soberana por 5.231 millones de dólares. Todos son secuelas de la cesación de pagos de 2002 y de la política de ruptura de contratos -expropiación, reestatización o alteración de pautas tarifarias- aplicadas durante los gobiernos de los ex presidentes Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También, por la manipulación de las estadísticas del INDEC.

La semana pasada se conocieron dos nuevas demandas vinculadas a la estatización de los fondos previsionales, que a fines de 2008 sacó de la cancha a las AFJP. La estadounidense Met Life activó un reclamo que, al principio, era de 110 millones de dólares, pero con los intereses corridos desde 2008 hoy trepa a 444 millones de dólares, según calculan en despachos oficiales directamente vinculados con este proceso judicial.

A su vez, un grupo de empresas holandesas hizo lo propio en nombre de la ex AFJP Orígenes, por la cual el banco de origen holandés ING Bank había pagado 300 millones de dólares. El reclamo trepa, hoy, a los 500 millones de dólares.

En resumen, por el lado de empresas extranjeras, hay demandas con sentencia firme contra la Argentina por 841 millones de dólares. Además, están en curso juicios cuyos reclamos ascienden a 1.571 millones de dólares. A esto habría que agregarle el juicio con final incierto presentado por los fondos Buford y Eaton, por unos 1.637 millones, derivado de la expropiación de YPF. 

Esta cifra surge de los estados contables de estos fondos, según explica el especialista Sebastián Maril. "El crédito que le dieron al Grupo Petersen fue por 3.000 millones de dólares, pero mientras pudieron, lo fueron pagando con dividendos de YPF, pero cuando eso se cortó, dejaron de pagar", explica Maril. "En los balances de Buford y Eaton se calcula que la sentencia a cobrar hoy ronda los 1.600 millones de dólares", agrega.

Fondos holandeses reclaman 500 millones de dólares por la estatización de los fondos previsionales.

También en la cuenta se agregan reclamos que podrían ser calificados como “residuales” de bonistas (en su mayoría alemanes, italianos, japoneses y algunos estadounidenses) que no entraron a los canjes de los años 2005 y 2010 por unos 1.100 millones de dólares. Y hace poco se sumó una demanda con final impredecible.

El fondo Aurelius reclama 81 millones de dólares por su tenencia de cupones PBI. Este fondo entiende que por una manipulación de las cifras correspondientes al PBI de 2013 el Gobierno evitó el pago por el crecimiento de ese año. En esa manipulación tuvo intervención directa el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Las cuentas, entonces, dan así: por reclamos de empresas privadas, el Gobierno deberá pagar un monto (sujeto a un tira y afloje entre los abogados demandantes y los del Estado) de 841 millones de dólares. A su vez, enfrenta litigios también de empresas, sin sentencia firme pero previsible resultado en contra de la Argentina, por 3.207 millones. Y juicios en marcha relacionados al default de la deuda soberana por 1.183 millones de dólares. Si se suma el mencionado juicio por YPF, la cifra total trepa a 5.231 millones de dólares, equivalentes al 1,1% del PBI actual.

Las negociaciones mientras dura el juicio corren por cuenta de la Procuración del Tesoro. Cuando los jueces notifican la sentencia, es Hacienda la que negocia el monto definitivo del pago. En general, se paga con bonos nominados en dólares.

Estas cifras son por causas aún abiertas. Pero la Argentina ya pagó más de 25.000 millones de dólares a empresas y bonistas que accionaron contra el Estado.

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se pagaron a empresas privadas US$ 5.427 millones, el grueso a Repsol por la expropiación de YPF.

El gobierno de Mauricio Macri, en tanto, enfrentó pagos a empresas por US$ 1.036 millones. Muchas empresas levantaron sus juicios como parte de la renegociación de tarifas.

La estatización de Aerolíneas le costará al Estado no menos de 320 millones de dólares

En cuanto a la deuda soberana, en el arranque del gobierno de Macri se pagaron US$ 9.300 millones a los denominados fondos buitre. Y el año que viene se completará el último pago al Club de París para saldar una deuda en default -renegociada por Kicillof- que dejó un monto a pagar de 9.600 millones de dólares.

La lista de demandas por bonos soberanos declarados en default es muy larga, porque implica muchos juicios por montos menores, en comparación con lo que cobraron los fondos buitre en abril de 2016. Sin ir más lejos, hace dos semanas se cerraron 19 juicios con bonistas alemanes por un total de 2,5 millones de dólares.

Semanas atrás, desde el ministerio de Hacienda, con ayuda de la embajada argentina en Japón, se organizó una asamblea -en Tokio- para el cierre de una demanda encarada por bonistas japoneses. En el medio ocurrieron cosas insólitas, como la negativa de tres bancos japoneses a proporcionar datos de bonistas para poder avanzar con la resolución de la demanda.

Del lado de los bonistas alemanes también surgen curiosidades. Muchos presentan como prueba de su tenencia de deuda láminas de bonos (dejaron de usarse a principios de los 90) y se hace difícil reconocer la legalidad de dichos instrumentos.

"Tenemos una estimación que nos dice que la mitad de los bonos que quedan impagos están prescriptos. Y de la otra mitad tenemos US$ 60 millones bajo ley argentina, otros US$ 250 millones en juicios en Nueva York, 300 millones de Euros en Alemania, de los cuales la mitad están en formato físico. Y la otra mitad estarían identificados y con voluntad de firmar acuerdos bajo los términos de la propuesta”, señalan en el Ministerio de Hacienda. 

En la cartera que conduce Nicolás Dujovne informan, además, que próximamente se estará anunciando el procedimiento para que los bonos que estén involucrados en procedimientos legales de cobro en Argentina puedan finalmente participar y acepten los términos de la propuesta para poder cobrar.

"La construcción de este procedimiento fue compleja y fueron necesarias modificaciones legislativas aprobadas en el Congreso de la Nación así también como la coordinación con el poder judicial para poder llegar a esta solución. El procedimiento estará disponible en la plataforma de Trámites a Distancia del Gobierno (TAD) y los que deseen participar podrán seguir los avances de su trámite a través de la internet", explicaron

La estrategia de negociación, ya con sentencia firme, es esta: a las empresas se les aplica una quita del 25% sobre el monto dictado por los jueces. A los bonistas, en tanto, se les paga el capital más 50% en concepto de intereses devengados. Como se ve, las cuentas a pagar no paran de crecer.