El juez federal Alejo Ramos Padilla notificó Elisa Carrió, Paulo Oliveto, Mariana Zuvic y Claudio Bonadio que fueron querellados en el marco de la causa que se tramita en Dolores y que tiene como principal imputado a Marcelo D'Alessio.

Además, les hizo saber "de su derecho a presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes".

"A partir de prueba reunida, aparecen involucradas muchas otras personas –algunos de ellos funcionarios públicos-, cuyo examen y valoración excede el análisis formal que se pretende realizar en esta resolución, a quienes –al igual que los imputados y querellados formalmente-debe garantizársele la posibilidad de realizar las aclaraciones que estimen pertinentes, indicar pruebas que a su juicio, puedan ser útiles, designar abogado y en definitiva ejercer del modo más amplió sus derechos", escribió el juez en la resolución a la que accedió Infobae.

Especialistas en derecho consultados por Infobae explicaron que con esta decisión el magistrado les hizo saber a las personas mencionadas que hay una denuncia en su contra y les dio la posibilidad de defenderse antes de tomar una decisión en el expediente.

Días atrás, la Cámara Federal de Mar del Plata había conminado al juez a determinar "con urgencia con total claridad y precisión las circunstancias investigativas que configurarán el concreto y definitivo objeto procesal que sustentan estas actuaciones". Fue cuando ratificó la competencia del juzgado de Dolores, algo que objeta el fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa. El tema llegará a la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese contexto es que el juez repasó nuevas pruebas, invitó al fiscal Juan Pablo Curi a hacer un dictamen al respecto, advirtió que aparecen funcionarios involucrados y notificó a las diputadas que lo denunciaron en la llamada "operación puf" y al juez que recibió esa causa.

La notificación a Bonadio y las diputadas es en los términos del articulo 73 del Codigo Procesal Penal, que indica: "La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".

Y, a través del articulo 279, los invita a declarar espontáneamente: "La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto. La presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda".

De esta manera, Ramos Padilla avanzó así en nuevas aristas de la investigación por la que está preso el falso abogado Marcelo D'Alessio, quien hoy fue trasladado a Dolores para ser interrogado por una nueva acusación en su contra: lavado de dinero. Ayer, además, Ramos Padilla había llamado a declarar en indagatoria al periodista Daniel Santoro, a quien acusó de haber estado al tanto de las tareas que desarrollaba D'Alessio. El periodista desmintió esa acusación.

La causa se inició en enero pasado, con la denuncia del empresario Pedro Etchebest, que aseguraba que D'Alessio le había exigido dinero en nombre de Stornelli para "sacarlo" de la causa de los cuadernos donde –le decía, aunque era mentira- lo había mencionado un arrepentido.

Por ese encuentro, Etchebest radicó una denuncia en el juzgado federal de Dolores donde aportó diferentes grabaciones de sus encuentros con D'Alessio y denunció a Stornelli y Bonadio. Lo que en un principio fue un caso de una extorsión derivó después, con el allanamiento que se hizo en la casa de D'Alessio, en una investigación sobre una red de espionaje político judicial que salpicaba a empresarios y políticos.

Cuando el caso todavía estaba en secreto de sumario, la diputada Carrió publicó un tuit en el que advertía que se estaba gestando "una operación contra Stornelli y Bonadio" en la causa cuadernos, en la que intervendría el juez Ramos Padilla. Más tarde, se radicó una denuncia contra ex funcionarios kirchneristas que habrían estado atrás de esa denuncia y en donde se aportaron transcripciones de escuchas telefónicas. Algunas de esas grabaciones se difundieron recientemente y el caso fue denominado públicamente como "operación puf". La causa está en manos del juez Bonadio y también fue denunciado Ramos Padilla.

Así las cosas, como en un juego de espejos, Bonadio tiene denunciado a Ramos Padilla, y Ramos Padilla a Bonadio.